Contribuyentes inscritos como personas físicas y personas morales podrán acceder a un régimen fiscal simplificado propuesto por la Secretaría de Hacienda en el Paquete Económico 2022, informó Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En conferencia de prensa, la funcionaria dio detalles de la propuesta de los regímenes Simplificado para personas físicas, y de Confianza para para personas morales.
Señaló que esta propuesta responde a la evaluación de que las complicaciones en el pago de impuestos son una de las causas de la evasión fiscal.
El régimen Simplificado estará disponible para personas físicas con Actividad Empresarial, Régimen de Incorporación Fiscal, actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y piscícolas, y Arrendamiento, con ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales.
Estos contribuyentes tienen como optativo el nuevo régimen que contempla las deducciones de este grup de contribuyentes, con lo que el impuesto a pagar estará entre 1 y 2.5 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), dependiendo del nivel de ingresos,
“Las grandes empresas pagan menos porcentaje que las personas físicas porque aprovechan al máximo las deducciones fiscales”, explicó la funcionaria.
El SAT cuantifica en 12.5 millones el universo de personas físicas en su padrón de contribuyentes, de las cuales sólo 300 mil tienen ingresos de más de 3.5 millones de pesos.
El 82 por ciento del total de personas físicas se podrá beneficiar de la simplificación.
En el caso de las personas morales, que suman 2.2 millones del padrón de contribuyentes, el sistema de confianza fiscal estará abierto para 96 por ciento de ellas, que corresponden a ingresos menores de 35 millones de pesos anuales.
Las personas morales que opten por este régimen podrán presentar una declaración de ingresos simplificada, con el requisito de que los socios deben ser personas físicas, lo que representa el 96 por ciento del padrón de personas morales.
En México hay un total de 79.8 millones de contribuyentes, de los cuales 46.4 están en el régimen de sueldos y salarios, 18.7 millones sin obligaciones, 12.5 millones de personas físicas con actividad empresarial y 2.2 millones de personas morales.
Señaló que quedan fuera los asalariados porque el patrón declara por ellos y pueden seguir acumulando deducciones.
En la experiencia internacional, señaló Buenrostro, el padrón de contribuyentes aumenta entre 15 y 30 por ciento con prácticas de este tipo.
“Antes las empresas pagan sobre ingreso devengado, y con este esquema será sobre ingreso cobrado, lo que representa menor costo para las empresas pequeñas”, dijo.
Además, en la propuesta se aumentaron los porcentajes en las deducciones de las inversiones y se acortaron los años.
Qué sanciones incorpora el Paquete Económico 2021
Agregó que el paquete fiscal incluye medidas de intercambio internacional de información con 70 países para revisar los estándares en la información que deben presentar las instituciones financieras.
El SAT propone aplicar el delito de cohecho internacional, para colocar al país en los más altos estándares en materia anticorrupción.
Para ello se aumentan las sanciones penales a contribuyentes que pretendan dar efectos fiscales a los pagos realizados a servidores públicos, o terceros nacionales o extranjeros, por concepto de soborno o cualquier concepto que implique corrupción o cohecho.
Para combatir al contrabando de combustibles, se fortalecerán las facultades para reclasificar la mercancía que siendo un combustible no haya pagado el IEPS correspondiente.
Se impedirá al contrabandista importar combustibles de manera vitalicia.
Habrá medidas aplicables a los clientes de contrabandistas, como la improcedencia de deducción del ISR y acreditación del IVA en compras realizadas a empresas sin permisos de la CRE/SENER.
Asimismo se contempla sanción penal y cancelación de patente a agentes aduanales que incurran en el contrabando de combustible.
Por este delito se proponen multas de hasta 5 millones de pesos y prisión de 6 a 12 años.
Para los grandes contribuyentes, se establece la obligación de dictaminar sus estados financieros por contador público inscrito en el registro del SAT.
