La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla consideró que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, aprobado en lo general en la Cámara de Diputados, no responde a la situación adversa por la que atraviesa el país, por lo que debe existir una reasignación de recursos acorde a los desafíos actuales.
El organismo que preside Fernando Treviño, manifestó que pese a que la propuesta de presupuesto partía de premisas adecuadas como la expansión del gasto, mayor inversión y énfasis en salud, la iniciativa aprobada por los legisladores se aleja del objetivo de incentivar la reactivación económica y atender los retos en educación, salud y seguridad.
“Consideramos que es necesario destinar mayores recursos a la Secretaría de Economía (SE) y a la Secretaría de Turismo (Sectur) para impulsar la reactivación económica a través de programas de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) y a la promoción turística”, comunicó.
Añadió que, pese a que en materia de salud se registró un incremento presupuestal, este no resulta suficiente para atender los programas de prevención de enfermedades y resolver de manera inmediata el desabasto de medicamentos.
Coparmex señaló que el Presupuesto de Egresos debiera contemplar una mayor asignación presupuestal para el combate a la delincuencia, la prevención del delito y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.
A su vez, consideró positivo que en el PEF 2022 la inversión pública tenga un aumento real del 14.3 por ciento, sin embargo, preocupa que el 55 por ciento de este gasto está destinado a energía, mientras que menos del 4 por ciento está orientado a educación y salud.
Por otro lado, observó con preocupación que la Cámara de Diputados plantee un recorte al Instituto Nacional Electoral (INE), que con una disminución de 4.9 mil millones de pesos (20 por ciento menos de lo solicitado), deberá organizar seis elecciones estatales el próximo año, así como la consulta de revocación de mandato.
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Advirtió también que en el dictamen existe una reducción de 3 mil millones de pesos al Poder Judicial que impacta en mayor medida al Consejo de la Judicatura (98 por ciento) y el resto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que pone en riesgo la implementación de la tercera y última etapa de la reforma laboral, crucial para cumplir los acuerdos establecidos en el TMEC.
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