Usuarios de telefonía celular consideraron que entregar los datos biométricos a las compañías -como huellas dactilares, del iris y fotografías del rostro-, para poder tener acceso a una línea, los haría más vulnerables a la delincuencia, pues las compañías podrían lucrar con esta información como lo hacen ahora con sus números.

Rigoberto González consideró que violan su privacidad al solicitarle esta información para conformar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, como lo establece ahora La ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

“Es darles información de lo que estamos haciendo, qué chiste tendría si ya sabemos que la delincuencia nunca se va a acabar. Esto sería para agarrar nuestra información, como que no estoy de acuerdo”, opinó.

Además, mencionó que esta petición ya vulnera un derecho y teme que, por ejemplo, las huellas dactilares que utiliza para trámites del banco sean mal empleadas o sea blanco de la delincuencia.

Daniela Portillo mencionó que esta reforma representa un riesgo porque "nos exponemos a que nuestra información caiga en manos equivocadas y se haga mal uso de ella. De por sí la lista de nuestros datos son vendidas y publicadas a pesar de que es ilegal”, agregó.

Ella recurriría a un amparo para evitar que las empresas de telefonía celular accedan a esta información.

Ángel Perea cree que es abusivo el hecho de pedir datos biométricos porque al querer utilizar un celular –que ya es una necesidad- tendrán que acceder a dar información personal.

“Posiblemente sí (se ampararía), debido a que (la información) ya no sería un estado privado, sino algo de carácter público”.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales anunció que apoyarán a los usuarios que deseen ampararse contra el padrón y no entregar los datos personales, a la par de que exigirán a organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, impulsar acciones de anticonstitucionalidad.

De hecho, el juez Juan Pablo Gómez Segundo de Distrito en Materia Administrativa ya otorgó el primer amparo para que un usuario no entregue esta información, luego de que entrara en vigor la reforma a la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el viernes 16 de abril, al publicarse en el Periódico Oficial de la Federación.

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