Aunque lo niegue, el gobernador Miguel Barbosa Huerta tiene a su disposición el aparato judicial, consideró el vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez, sobre la orden de detención que giró un juez de control estatal contra el ex canciller Luis Ernesto Derbez Bautista.
“Vemos una vez más con claridad toda esta serie de acciones de esta red de complicidades que van tejiendo con el patrocinio del gobierno poblano para el apoderamiento de la UDLAP”, manifestó en entrevista telefónica con El Universal Puebla.
Acusó que es toda una maraña que se va tejiendo, en la que están involucrados dos juzgadores de la Ciudad de México (24 y 60 civiles), para evadir el cumplimento de la suspensión que favorece a la fundación Mary Street Jenkins y a la UDLAP para que de inmediato sea devuelto el campus de San Andrés Cholula.
Por lo tanto, reiteró que la Fundación presentará una queja formal contra los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue su proceder, vínculos y complicidades.
La queja será muy útil -sentenció- para la observación que pudiera realizar el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, el cual está revisando el caso.
“Será muy ilustrativo para Santiago Nieto revisar esta red de complicidades que involucra a dos jueces capitalinos, con diversos despachos, para el apoderamiento ilícito de patrimonio privado”, manifestó.
Rodríguez Martínez insistió que ese “atropello” lleva a una persecución política, y se ve de manera clara el tinte que le está imprimiendo el gobernador para generar presiones y “consumar esta intencionalidad de expropiación de la universidad”.
“Si hay o no ordenes de aprehensión, el sistema ya está bien definido, hay un manoseo por parte del gobierno de Puebla para presionar y trata de legitimar lo que es inadmisible e ilícito (…) Desde la Fundación no podemos confirmar la autenticidad de estas órdenes de aprehensión, sin embargo, no nos extraña”, sentenció el vocero de la Fundación Jenkins.
Mientras el nuevo patronato insiste que la suspensión provisional está impugnada, el vocero de los Jenkins defendió que dicho recurso legal está vigente y se debe de cumplir.
“Decir que eso ya no tiene efectos, ya no tiene alcance jurídico, es mentir, y eso es inadmisible”, recalcó.
