“¿Quién dicta las órdenes de aprehensión?”, respondió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, tras las acusaciones de la Fundación Jenkins de estar detrás de esos mandatos judiciales contra el patronato UDLAP.
Lo anterior luego de que la Fundación acusó la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado.
Al respecto, el mandatario local subrayó que el gobierno no dicta órdenes de aprehensión, sino los jueces.
“Son los jueces, no es el gobierno”, aclaró en su conferencia de prensa del 21 de julio.
Sentenció que los jueces dictan esos mandatos jurídicos “cuando hay pruebas”, se limitó a decir el titular del Ejecutivo en Puebla.
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