El Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla que otorgó la suspensión de amparo ordenando la devolución de la Universidad de las Américas Puebla, notificada el 15 de julio pasado, dio un ultimátum a Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, para acatar de inmediato la resolución que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins.
En un comunicado, la fundación precisó que el pasado jueves 5 de agosto se interpuso una denuncia contra Yáñez Quiroz por evadir el cumplimiento a la suspensión de amparo vigente, concedida desde el Poder Judicial de la Federación que ordena devolver el campus de la UDLAP a la Fundación de las Américas Puebla (FUDLAP) que preside Margarita Jenkins de Landa.
La determinación tiene efectos restitutorios inmediatos que pretenden ser desconocidos por el Juez capitalino, que se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto y de forma irregular lo envió al Juez 60 Civil, con la finalidad de eludir el mandato del juzgado federal.
Por tal motivo, se ha requerido a ambos jueces de la Ciudad de México (al juzgado 60, sólo en el caso de haber aceptado el conocimiento del caso) para que de inmediato informen sobre el cumplimiento de la suspensión, que obliga regresar las cosas al estado en que se encontraban, hasta antes de la incursión violenta con Policía Estatal armada en el campus de Cholula, el pasado 29 de junio.
De acuerdo con el documento, se advierte que, de seguir evadiendo el cumplimiento de la suspensión, el Juez Roberto Yáñez será multado y además denunciado ante el Ministerio Público de la Federación, de acuerdo al artículo 262 de la Ley de Amparo, que prevé estas sanciones en contra de quienes muestren una conducta de desacato.
“Este ultimátum hace evidente un concierto de acciones dolosas que violentan el Estado de Derecho, con el objetivo de intentar normalizar un flagrante atropello contra el patrimonio privado de la Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla”, se destacó en el escrito.
Una disposición ineludible
Enrique Rodríguez, vocero de la fundación Mary Street Jenkins, dijo que esa orden, es ineludible, por lo que el juez Roberto Yáñez Quiroz, debe de acatar de inmediato esa suspensión.
En entrevista con El Universal Puebla, reiteró que está obligado a acatar el mandato, y ya se encuentra en el umbral de diversas sanciones. “Puede ser multado y, además, denunciado ante el Ministerio Público de la Federación”.
“El mandato del juez de distrito es muy claro, es un ultimátum para obligar al juez de la capital a que cumpla, sí o sí tiene que cumplir este mandamiento de devolver la cosas que se encontraban hasta antes del 29 de junio”, explicó.
Insistió que no quitarán el dedo del renglón con el juzgado federal, “que nos ha dado la razón, para que este atropello cese a la brevedad”.
Respaldo a Derbez y clases están garantizadas
El vocero indicó que la Fundación Jenkins demanda que se restituyan las cosas como estaban hasta antes del ingreso al campus por parte de la nueva administración, el pasado 29 de junio, lo que implica, se restituya a Luis Ernesto Derbez Bautista como rector de la UDLAP.
“Lo que nosotros estamos litigando, lo que la fundación espera, es que se devuelvan las cosas hasta antes del atropello y se de normalidad a la vida académica de la universidad en el umbral del inicio de actividades académicas”, subrayó.
En ese sentido, Enrique Rodríguez afirmó que todo está listo para que se reinicie la actividad académica en la institución.
Reconoció que se ha generado incertidumbre entre los padres de familia y la sociedad, por la actitud de que quienes están al frente de la UDLAP de no acatar la resolución desde el Poder Judicial de la Federación.
