Fabrice Salamanca, vicepresidente de asuntos corporativos de Bonafont, aseguró que mantener cerrada la planta de Santa María Zacatepec ha generado pérdidas de 10 millones de pesos al mes, pues además, la empresa ha tenido que recurrir a otras estrategias de distribución para surtir el agua. El próximo 22 de agosto cumplirá 5 meses bloqueada por inconformes.

Por ello pidió a las autoridades que tomen el control de la planta y establezcan mesas de diálogo con los grupos inconformes que tomaron dichas instalaciones el 8 de agosto y cuyo acceso principal está bloqueado.

En entrevista con, informó que la empresa mantiene la nómina de sus 700 trabajadores, quienes siguen surtiendo los garrafones a cerca de 15 mil clientes en la región, pero con agua embotellada de las plantas instaladas en Hidalgo y Estado de México.

“No hemos hecho anuncios de irnos, porque en primer lugar tenemos la razón y estamos brindando un bien básico como es el agua para beber, y en segundo lugar porque estamos trabajando de manera legal y tenemos el compromiso con nuestros cientos de empleados”, expresó.

Además, agregó, este conflicto sienta un pésimo precedente para la inversión en Puebla y el país, así como para el Estado de Derecho por la inacción de las autoridades, a quienes les pide que ya no le tengan miedo a quien va a pagar los costos políticos.

Salamanca añadió que desde la noche del domingo 8 de agosto, cuando los supuestos inconformes denominados Pueblos Unidos de la Región Cholulteca, irrumpieron las instalaciones de Bonafont, presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Aseguró que por estos hechos violentos fueron agredidos dos guardias privados, quienes también ya presentaron las denuncias por lesiones.

Además, acusó que se robaron impresoras, teléfonos celulares, equipo de cómputo, laptops y causaron destrozos, tal como se demuestra en fotografías que los propios inconformes subieron a las redes sociales.

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Dijo que las 150 personas que tomaron las instalaciones fueron trasladadas en autobuses comerciales provenientes de Chiapas, Estado de México y Michoacán, y consideró que se trata de un grupo de choque, el cual rechaza que la Universidad Iberoamericana de Puebla funja como mediador para destrabar este conflicto.

“Pedimos la presencia de la policía municipal, estatal e incluso de la Guardia Nacional, pero hay total inacción de las autoridades, y en el caso del presidente municipal, también de extracción morenista no hay respuesta alguna, permanecen pasivos”, insistió.

El vicepresidente de asuntos corporativos de Bonafont dijo que aunque el gobierno de Puebla argumenta que es un tema de carácter federal porque se trata de una concesión de Conagua, este caso es de competencia estatal y es la instancia que debería solicitar la intervención de la Guardia Nacional.

Respecto a las acusaciones de que Bonafont es responsable de la sequía de los pozos artesanales, Fabrice Salamanca reiteró que está acreditado que el acuífero no está sobreexplotado, que sólo cuentan con un pozo de extracción de 150 metros de profundidad y que están al corriente en el pago de los derechos de agua.

Aseguró que no interfieren con la actividad agrícola de la zona ni con el agua de la red municipal.

“Bonafont no representa ni una milésima parte de los derechos industriales que se explotan en Santa María Zacatepec, su extracción es totalmente irrelevante en comparación con otras industrias o empresas que extraen muchísimo más agua en esa zona, y eso les explicamos, pero hay una total cerrazón”, indicó.

 

El empresario alertó que en la planta hay material altamente inflamable que convierte a estas instalaciones en un polvorín y una bomba de tiempo.

“El propio domingo los inconformes intentaron levantar fuego en la planta, quemaron unas tarimas que tenemos al interior, pero afortunadamente comenzó a llover y por eso no pasó a mayores”, dijo.

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