El 15 de septiembre se cumplieron 150 días desde que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) exhortó a Alejandro Martínez Araiza, dirigente sindical del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), que informara sobre el patrimonio sindical valuado en 500 millones de pesos, medida que desobedeció, denunciaron trabajadores disidentes.
Indicaron que ya pasaron cinco meses sin que el dirigente rinda cuentas a trabajadores y autoridades sobre el patrimonio de esa organización, que agrupa a 17 mil obreros de todo el país -incluido el estado de Puebla-, acción a la que está obligado de acuerdo con el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo.
Subrayaron que el dirigente sindical ha retado a las autoridades del Trabajo y Fiscales del gobierno de la 4T diciendo que no va a rendir cuentas y que sólo lo hará ante los trabajadores sindicalizados, pero eso tampoco ha ocurrido en los últimos seis años, primer periodo en que fue secretario general.
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Por ello, los trabajadores disidentes del SNAC pidieron al Gobierno de Claudia Sheinbaum, hacer rendir cuentas a Martínez Araiza, sobre 500 millones de pesos, patrimonio de los trabajadores y su destitución como líder sindical.
Asimismo, exigieron auditorías de la Secretaría del Trabajo federal en los centros laborales de todo el país para confirmar si en realidad Martínez Araiza entregó reportes semestrales sobre los diferentes fondos del SNAC, la cancelación del registro del sindicato y que finquen responsabilidades sobre el Comité Ejecutivo Nacional.
Precisaron que las autoridades laborales dieron a conocer que el dirigente del SNAC no les entregó el acta de asamblea en la que fue reelecto por seis años más como secretario general de esa organización, el pasado 15 de abril.
En dicha acta debió informar sobre la administración del patrimonio sindical y, por ello, desde el 19 de mayo el CFCRL le envió un oficio para exhortarlo a que cumpliera con su responsabilidad marcada en la Ley Federal del Trabajo, destacaron.
Los obreros disidentes pidieron la intervención de las autoridades federales para que Martínez Araiza sea sancionado laboral y penalmente.
