Un hombre de 38 años murió dentro del anexo “Verdad y Vida”, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, en Puebla capital, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE). El caso ha reavivado la preocupación por las muertes en anexos de Puebla, pues se trata del cuarto fallecimiento registrado en lo que va del año dentro de un centro de rehabilitación sin autorización federal.
Muere interno en el anexo “Verdad y Vida” de Puebla
El fallecimiento ocurrió la tarde del sábado 26 de octubre, cuando una llamada al 911 alertó a los servicios de emergencia sobre un hombre inconsciente dentro del centro de rehabilitación contra las adicciones, ubicado sobre la Diagonal Defensores de la República.
Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmaron la muerte de Edwin N., de 38 años, quien había ingresado apenas cuatro días antes. Los encargados del anexo aseguraron que el deceso fue por causas naturales, pero otros internos denunciaron presuntas agresiones previas y falta de atención médica oportuna.
Agentes ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia que determinará las causas exactas de su muerte. Mientras tanto, la Fiscalía aseguró el inmueble como parte de las diligencias.
Familiares exigen liberar a internos y clausurar el anexo
Tras conocerse la noticia, familiares de otros pacientes se manifestaron afuera del anexo “Verdad y Vida”, exigiendo la liberación de sus seres queridos y la clausura del establecimiento.
Denunciaron presuntos actos de violencia al interior del centro y señalaron que temen por la integridad de los internos. La FGE continúa con las investigaciones para determinar si existió negligencia u homicidio, mientras se revisa si el anexo operaba con las condiciones adecuadas y los permisos correspondientes.
¿Qué pasa en los anexos de Puebla: más de 20 operan sin permiso?
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Puebla existen 26 centros de rehabilitación para personas con adicciones; sin embargo, solo dos cuentan con acreditación oficial de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).
Los únicos establecimientos autorizados son el Grupo Encuentro de Drogadictos Anónimos A.C., ubicado en el Centro Histórico, y el Centro Estatal de Salud Mental, en la colonia La Joya. El resto, incluidos los anexos donde han ocurrido muertes, operan sin regulación ni supervisión federal, lo que incrementa el riesgo de abusos y negligencias.
Muertes en anexos de Puebla durante 2025
La muerte en el anexo “Verdad y Vida” se suma a otros casos recientes registrados en 2025. El 2 de junio, un hombre de 49 años fue asesinado a golpes por otros internos en un anexo del Barrio del Alto.
El 20 de mayo, otro fallecimiento se reportó en el anexo Jóvenes Guerreros de Dios, en Huauchinango, donde los encargados fueron detenidos por homicidio.
El primer caso del año ocurrió el 25 de enero, cuando un interno murió tras ser agredido con un bat por otros pacientes.
A estos hechos se añaden dos muertes por causas médicas y el asesinato del encargado de un centro en San Gabriel Chilac, ocurrido durante un ataque armado externo.
¿Qué dice la ley sobre los centros de rehabilitación en Puebla?
En diciembre de 2022, el Congreso del Estado de Puebla aprobó reformas al Código Penal que establecen penas de hasta cuatro años de prisión y multas de 50 a 200 UMA para quienes operen centros de rehabilitación sin permisos.
La iniciativa fue impulsada tras el asesinato de un joven de 25 años en un anexo en 2022, durante la administración del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta. Sin embargo, pese a la ley vigente, al menos 24 anexos continúan operando sin autorización federal.
Autoridades mantienen investigaciones por muerte en anexo de Puebla
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que continuará con las diligencias ministeriales para esclarecer las causas de la muerte de Edwin N. y fincar responsabilidades.
Mientras tanto, autoridades estatales revisarán el cumplimiento de las normas sanitarias y de funcionamiento en los centros de rehabilitación de Puebla, ante el creciente número de muertes, denuncias por agresiones y presunta omisión de cuidados en estos espacios.
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