La periodista Lydia Cacho exigió la máxima pena y una reparación integral del daño durante la audiencia de vista en el proceso penal que se sigue contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de tortura.
Durante la diligencia de este jueves 29 de octubre de 2026, realizada por videoconferencia ante el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Cancún, Quintana Roo, la periodista exigió justicia, pero Mario Marín negó haber ordenado su detención y tortura.
La audiencia, encabezada por la jueza María José Pech Sáenz, comenzó a las 13:00 horas, tiempo de Cancún, y permitió a las partes presentar sus argumentos en una de las últimas etapas del procedimiento judicial, relacionado con los hechos ocurridos en diciembre de 2005.
Durante la audiencia, Lydia Cacho encaró al exgobernador poblano y afirmó que utilizó el aparato de justicia para castigarla por su trabajo periodístico tras la publicación de su libro “Los demonios del edén”, en el que reveló una red de pederastia.
La periodista señaló que era la primera vez que veía de frente a Mario Marín en un procedimiento judicial y sostuvo que el exmandatario fue responsable de utilizar las instituciones del Estado en su contra.
Cacho también pidió que se imponga la máxima pena que corresponda por el delito que se le atribuye y solicitó una reparación integral del daño. Entre sus exigencias destacó que el exgobernador le ofrezca una disculpa pública por la detención ilegal y la tortura que denunció tras la publicación de su libro.
La periodista ha sostenido durante años que su detención fue una represalia por investigar y documentar una presunta red de explotación sexual infantil, así como los posibles vínculos entre empresarios, como Kamel Nacif Borge y figuras del poder político.
Durante la diligencia, Mario Marín rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que no existen pruebas firmes que demuestren que ordenó la detención y tortura de la periodista.
El exmandatario también argumentó que su nombre no aparece mencionado directamente en las conversaciones telefónicas difundidas en 2006 con el empresario Kamel Nacif, relacionadas con el caso.
Las grabaciones provocaron un escándalo político nacional y dieron origen al sobrenombre de “góber precioso”, con el que se identificó públicamente al entonces gobernador de Puebla.
La resolución judicial deberá determinar la responsabilidad penal de Marín por el delito de tortura que se le imputa, a partir de las pruebas y los argumentos presentados durante el proceso.
La audiencia de este jueves representa una de las últimas etapas del procedimiento penal. De acuerdo con los reportes publicados sobre el desarrollo del proceso, la jueza dispone de un plazo de hasta 60 días para emitir una sentencia una vez concluida esta fase.
Sin embargo, la resolución también está relacionada con un amparo promovido por la defensa del exgobernador por cuestiones vinculadas con su edad y estado de salud, por lo que la fecha definitiva del fallo dependerá del desarrollo procesal.
El caso corresponde a una investigación penal que se ha prolongado durante más de dos décadas, desde la detención de la periodista en Cancún y su traslado a Puebla.
La audiencia estaba prevista inicialmente para el martes 20 de octubre, pero fue suspendida debido a problemas técnicos con la plataforma de videoconferencias Webex, lo que impidió que se desarrollara la diligencia programada. El aplazamiento generó críticas por parte de la periodista y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que han acompañado el caso.
El caso se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún por agentes de la entonces Policía Judicial de Puebla y trasladada por carretera hasta la capital poblana.
La detención ocurrió después de la publicación del referido libro en el que la periodista documentó una presunta red de explotación sexual infantil y dejó al descubierto posibles vínculos con empresarios y personajes con poder político.
Cacho denunció que durante el traslado, que duró aproximadamente 20 horas, sufrió agresiones físicas y psicológicas.
Mario Marín fue detenido en Acapulco, Guerrero, en febrero de 2021, después de permanecer prófugo de la justicia, y posteriormente fue sometido a proceso por el delito de tortura.