Existen servicios públicos que han sido concesionados a empresas privadas, por lo que el gobierno del estado de Puebla analiza al menos seis, para saber si cumplen o no con y en su caso, revocarlos, reveló Raúl Pineda Zepeda, consejero jurídico en el gobierno de Alejandro Armenta.
En entrevista, el funcionario estatal dijo que algunas de las que se analizan son los servicios de limpia y agua, pues el compromiso de la administración estatal es que los poblanos tengan buenos servicios.
Añadió que una vez hecho el análisis, en caso de que no cumplan con lo establecido en el contrato con el cual se les otorgó la concesión, podrían recibir sanciones administrativas e incluso, hasta la revocación de la propia concesión.
“El compromiso es con Puebla y con los ciudadanos y así nos lo ha indicado el gobernador Alejandro Armenta desde que llegó a la administración estatal”, comentó.
La lupa está sobre el trabajo seis empresas, pero en la entrevista fue enfático en Concesiones Integrales Agua de Puebla para Todos, Rellenos Sanitarios (RESA) y Promotora Ambiental de La Laguna (PALA).
El consejero jurídico del gobierno del estado de Puebla comentó que algunas de estas empresas ya tienen varios años a cargo de estos servicios públicos, pero el compromiso es que cumplan con los poblanos o se les revocará la concesión.
“Evidentemente toda la supervisión está cargo del estado, si alguna empresa o concesionaria incumple, nosotros podemos aplicar desde la amonestación, si el caso es recurrente o grave, el estado podría requerir en el resarcimiento del daño, porque el estado siempre va a ser garante de su cumplimiento”, indicó.
Reconoció el impacto económico que podría tener la cancelación de contratos, de ahí el análisis que hace el gobierno del estado.
Al ser cuestionado sobre la posible compra que haría la empresa Manila Waters, originaria de Filipinas, en acciones de Agua de Puebla, Raúl Pineda Zepeda, dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de algo formal y tampoco son omisos ante la falta de cumplimiento en el otorgamiento de un buen servicio a los ciudadanos.
Sin revelar el nombre del propietario de la concesión, el consejero jurídico agregó que el gobierno del estado precisamente analiza esos contratos y convenios para ver si el gobierno del estado podría comprar el 75 por ciento de las acciones de Agua de Puebla.
“Es parte del análisis que estamos haciendo, es parte de los pros y los contras. No hay ningún acto formal que requiera una transacción o algún cambio de concesión”, afirmó.