Los trabajadores disidentes del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), exigieron que las autoridades fiscales, laborales y judiciales, inicien procesos y finquen responsabilidades en contra de Alejandro Martínez Araiza, secretario general de la organización, y de su familia, por la supuesta malversación del patrimonio gremial, valuado en 500 millones de pesos.
En un pliego petitorio, exigieron la separación de su cargo y su expulsión de ese sindicato, que agrupa a 17 mil trabajadores en todo el país, incluido el estado de Puebla, con la finalidad de que no obstaculice la investigaciones.
Manifestaron que los procesos que se inicien en contra del dirigente del SNAC, deben incluir a sus familiares y a algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, con el propósito de deslindar responsabilidades y la realización de auditorías en los últimos 10 años, con repetición cada seis meses.
Al respecto, solicitaron la intervención del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía General de la República, para que realicen auditorías y procedan conforme a derecho en contra de Martínez Araiza, por el mal manejo del patrimonio sindical, generado a partir de las cuotas mensuales de los sindicalizados.
Exigieron castigo por malversación o deficiente gestión administrativa que incluya la expulsión del sindicato a los responsables de estas conductas.
Asimismo, demandaron el resarcimiento del daño patrimonial que se detecte mediante la investigación, que incluya el pago por los bienes inmuebles enajenados y la devolución al patrimonio sindical.
En el aspecto gremial, subrayaron le necesidad de anular la elección fraudulenta de Martínez Araiza, como secretario general para ocupar el puesto hasta 2030 y se convoque a un nuevo proceso electoral, en el cual participen todas las planillas posibles, y que los comicios no sean controlados por la dirigencia sindical.
Destacaron que las elecciones deben ser apegadas a los estatutos y a los requerimientos de la nueva ley laboral en materia de transparencia, supervisión por parte de las autoridades competentes y procesos apegados a la normatividad para que la totalidad de los trabajadores tengan la posibilidad de acudir a las urnas, que existan alternativas para elegir dirigentes y la base trabajadora tenga información suficiente para definir su voto.
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Por otra parte, los trabajadores disidentes señalaron la urgencia de que las marcas registradas, como propias por Martínez Araiza, vuelvan a ser propiedad de la organización gremial, incluida la denominación "SNAC" , de la que se apropió ilegalmente el corrupto dirigente.