Durante la comparecencia ante diputados, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Cruz Luna, expuso que en el caso del ejecutado en Esperanza, que estaba en arresto domiciliario, existen antecedentes delincuenciales de secuestro que podrían tener vínculos.
El tema fue parte de los cuestionamientos del Partido Acción Nacional (PAN) en su intervención y él proporcionó algunos detalles sobre estas acciones y hechos.
De acuerdo con el funcionario, Julio César N., asesinado el 22 de enero, se encontraba en prisión domiciliaria debido a un proceso que se sigue en su contra por delitos de secuestro.
Parte de este resguardo implicó que se hiciera una evaluación del tipo de seguridad que necesitaba y se determinó disponer de dos patrullas y cuatro elementos estatales.
Sin embargo, un grupo numeroso de personas armadas llegó al domicilio y le quitó la vida en un hecho que se cree tiene relación con sus antecedentes delictivos.
Lo registrado en Esperanza, agregó Daniel Cruz, obliga a la dependencia a hacer una revaluación de los procesos en prisión domiciliaria.
Al respecto, recordó que son medidas que se tomaron con el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer cumplir ese tipo de acciones en el desarrollo de procesos legales.
Desde la administración estatal ya se prevé un esquema por el pago de derechos y el uso de tecnología como brazaletes para hacer un uso más efectivo de recursos estatales y municipales.
Un grupo de hombres armados irrumpió en un inmueble y asesinó a Julio César N., en el municipio de Esperanza, pese a que se encontraba bajo custodia policial.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Julio César N. era custodiado por elementos de la Policía Estatal en cumplimiento de un mandato judicial, en la localidad de Guadalupe Potreros.
Los hechos se registraron durante la tarde del lunes 22 de enero de 2024.
Por mandato de un juez, Julio César N. cumplía la medida cautelar de arraigo domiciliario por los delitos de secuestro agravado y daños en propiedad ajena.
Además, se indicó que los cuatro policías estatales fueron despojados de sus armas de cargo, pero no fueron lesionados.
Como parte de la glosa del informe, Daniel Cruz resaltó la aprehensión de más de 2 mil 300 delincuentes en el último año, de entre los que destacan algunos líderes.
Una parte importante del trabajo de la dependencia, dijo, fue consolidar los sueldos de los policías estatales que se perfilan para ser de los mejores pagados de México.
También hizo énfasis en el trabajo que hicieron con gobiernos municipales para garantizar que cuenten con policías certificados en las pruebas de control y confianza.
De esto último puso como ejemplo la existencia de 17 municipios en donde no tenían policías porque no lograban acreditar estas pruebas y con ello se identificó que el problema estaba desde el proceso de reclutamiento.
Este martes 23 de enero también compareció en el Congreso el titular de la Secretaría de Gobernación, Javier Aquino Limón, quien destacó avances, pero también pendientes, en temas como la desaparición de personas y la violencia contra las mujeres.
El funcionario hizo referencia a que casi la mitad de la actividad de la dependencia tiene que ver con la gobernabilidad en los municipios, por lo que se necesita de acuerdo político de las diferentes fuerzas.