El viernes 6 de octubre de 2023 los medios de comunicación nacionales dieron a conocer que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, en el Estado de México, concedió un amparo a favor de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México en 1994.
Aburto Martínez confesó haber asesinado a Luis Donaldo Colosio en la colonia Lomas Taurina, en la ciudad de Tijuana, Baja California, mientras el candidato hacía un mitin político.
El sustento de los magistrados para dar dicho fallo es que existen varias inconsistencias que se han presentado en el caso, por lo que queda invalidada la condena de 45 años de cárcel que se dictó a Aburto Martínez, de los cuales ya cumplió 29.
Así que se deberá emitir una nueva resolución en la que cumpla los lineamientos como el que Aburto sea juzgado por tribunales de Baja California y que, de acuerdo con el código estatal, podría obtener su libertad antes de marzo de 2024.
Al aplicar el Código Penal de Baja California vigente el 23 de marzo de 1994, que establece como máximo 30 años de prisión al responsable de homicidio calificado.
En el estado no hay un Mario Aburto, pero sí hay personas privadas de la libertad que llevan muchos años en la cárcel cumpliendo sentencias de hasta 50 años.
De acuerdo con la plataforma Change.org, que busca recaudar 500 firmas a favor de Olimpia de la Peña, se señala que el 1 de abril de 1996, Gilberto Baltazar irrumpió en su domicilio en la calle Lagos número 6112 de la colonia Bugambilias, en la ciudad de Puebla.
Después de haber terminado su relación amorosa, cinco meses atrás, Gilberto decidió ingresar a la casa de Olimpia, donde disparó y mató a los padres de ella y a sus dos hermanos, mientras que a ella solo la dejó malherida. A estos cuatro decesos se sumó la muerte de Armando, quien era jefe laboral de Olimpia.
Por estos hechos, Gilberto fue sentenciado a 50 años de cárcel, de los cuales ya pasaron 27. Sin embargo, la víctima Olimpia en agosto de 2023 dio a conocer que el sentenciado busca por medio de un amparo obtener su libertad condicional alegando buena conducta.
La víctima también ha denunciado que el proceso, desde un inicio, ha estado viciado de irregularidades, por lo que acusa corrupción por parte de los juzgados, pues al multihomicida se le absolvió de la reparación del daño moral por la muerte de las cinco personas.
Hasta el momento, la audiencia programada para el 18 de agosto para conocer si se otorgaba o no el amparo a Gilberto, fue suspendida por cambios en el Poder Judicial, por lo que Olimpia pide a la sociedad apoyar con una firma en la plataforma, mientras que a las autoridades estatales y federales les demanda que la ley garantice su seguridad y la de sus hijos.
Actualmente, Gilberto N. permanece interno en el penal de Tepic, Nayarit, luego de haber tenido problemas con custodios de los penales de Tepexi de Rodríguez y en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de San Miguel, en la ciudad de Puebla.
Para la sociedad poblana, comerciantes y autoridades es muy conocido el nombre de Rubén Sarabia Sánchez, alias "Simitrio".
Desde 1973 fundó la organización Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre, cuando aún era estudiante y se oponía frecuentemente al gobierno en defensa de los intereses de los comerciantes.
Este activismo provocó que el 4 de julio de 1994, sin orden de aprehensión, fuera detenido en la Ciudad de México por 30 policías, acusado por el gobierno por posesión de armas, narcotráfico y asociación delictuosa.
Al ser enviado a Puebla, se le trasladó al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, donde se enteró de que había sido acusado de seis delitos, luego trasladado al Reclusorio Metropolitano del estado de Jalisco, conocido como Puente Grande.
En 1997 pasó al penal de Almoloya donde permaneció hasta 2001, tras un acuerdo con el gobernador Melquíades Morales Flores y se le otorgó la libertad condicional, por lo que debía firmar dos veces por semana en el penal de Neza-Bordo, durante un periodo de 13 años y nueve meses.
Para octubre de 2011 volvió a la vida pública como líder de la UPVA 28 de octubre, pero tres años después, el 19 de diciembre de 2014, nuevamente fue arrestado al reunirse con el secretario de Gobernación municipal, Guillermo Aréchiga.
La detención fue condenada por diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos en México y en noviembre de 2017, un juez absolvió a Sarabia Sánchez del proceso penal, con lo que el activista quedó en libertad.
En octubre de 2017, Rubén Sarabia fue galardonado con el Premio Nacional Carlos Montemayor, que se otorga a “la rebeldía de quienes luchan por la dignidad, la justicia y la libertad”. El premio fue recogido por su esposa, Rita Amador, debido a que Simitrio se encontraba en prisión domiciliaria.
Antes que Simitrio saliera de prisión, la mañana del 29 de junio de 2017, al interior del Mercado Hidalgo, asesinaron a Meztli Sarabia Reyna, hija Rubén Sarabia Sánchez.
El feminicidio ocurrió en las oficinas de la agrupación, hasta donde llegó un grupo de cuatro individuos preguntando por la hija de Simitrio, Meztli respondió que era ella y ahí le dispararon en la cabeza y en el abdomen.
Los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel son nombres muy conocidos en Puebla debido a que son señalados como los principales responsables de que cientos de familias de la entidad y otros estados perdieran sus ahorros de toda la vida.
Por medio de la empresa Sitma S.A. de C.V., los hermanos Tiro Moranchel atrajeron a cientos de personas para que invirtieran su dinero a cambio de atractivas utilidades; sin embargo, nunca entregaron los intereses generados ni les devolvieron su capital.
En el 2009 fue detenido Edmundo y un año después se logró la captura de Leonardo, en el puerto de Acapulco, Guerrero, y trasladado a Puebla.
Ambos hermanos permanecen privados de la libertad en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, y sentenciados a 33 años de cárcel, cada uno.
A más de 14 años de prisión, los hermanos acusados de fraude no han logrado pagar a los ahorradores, la mayoría de ellos jubilados y pensionados, algunos que ya murieron esperando justicia.
Las propiedades de las que se hicieron los hermanos con el dinero de los defraudados están incautadas y los procesos legales siguen su curso para que los bienes se puedan llevar a remate, pero los Tiro Moranchel insisten a las víctimas de fraude que les concedan el perdón para que puedan salir libres y vender las propiedades para poder devolverles su dinero.