El gobernador de Puebla precisó que el pago de la deuda al SAT fue por un mal manejo ocurrido en el 2015, y al parecer el único que gana es el despacho de abogados, bajo un esquema de remuneración sujeta a resultados.
“Como es obvio, hoy no había resultados, obtuvieron de forma indebida la devolución de un monto por concepto de impuestos, mismos que después fue llevada a litigios por la instancia fiscal y finalmente se había tratado de una devolución mal fundamentada devino este crédito fiscal”, indicó.
Fue el pasado martes 11 de abril cuando se dio a conocer que el gobierno del estado pagó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) 2 mil 600 millones de pesos, tras perder el litigio que inició en el 2018.
Dicho litigio se generó a raíz que, en el 2015, un despacho de asesoría fiscal con firma Sistemas LAC recomendó al gobierno estatal gestionar ante el SAT la devolución de 702 millones de pesos, los cuales obtuvo, pero tiempo después se determinó que esa acción fue irregular.
Por estos hechos se condenó a la administración estatal a resarcir 2 mil 700 millones y se les hizo una quita de 100 millones para que al final pagarán 2 mil 600 millones de pesos, pago que se cubrió el pasado 5 de abril.
Subrayó que en este litigio quedó establecido, ante la instancia fiscal, que los intereses del gobierno de Puebla fueron debidamente defendidos por el gobernador Miguel Barbosa, dando una batalla desde el inicio y generaron todas las estrategias que tenían que haber dado.
Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que en su momento no se pronunció Barbosa Huerta sobre este caso, porque estaba en el proceso de litigio y era importante reservar este tema.
Abundó que, si la presente administración estatal no hubiera decidido cubrir con el pago, le estaría costando un promedio de 30 millones de pesos mensuales, “que hubieran sido pateados para el próximo gobierno, pero si no hubiera sido así, hubiera caído en el periodo final de nosotros, entonces hubiéramos tenido otro tipo de condiciones”.
Para cubrir con este pago, el gobierno estatal economizará y gestionará el mayor número de recursos para ello. También buscará, con diversas reuniones, lograr resarcir esta situación.
Céspedes Peregrina agregó que la aplicación de la ley será hasta las últimas consecuencias, dentro del mismo marco legal contra los exfuncionarios responsables de generar un daño de 2 mil 600 millones de pesos al estado por una indebida devolución de impuestos.
En su intervención también indicó que él mantiene una amistad con Patricia Leal Islas, quien fuera la contralora en la administración de Rafael Moreno Valle. Sin embargo, aclaró que ella no trabaja en la presente administración estatal.
Lo anterior, luego que en diversos medios han señalado que Leal Islas trabaja en la presente gestión y fue ella quien recomendó a la firma Sistemas LAC en la administración de Moreno Valle.
“Yo no sé de dónde sacan que ella es asesora del gobierno del estado. Ojalá me hubiera aceptado venir a trabajar al estado, porque es una funcionaria que tiene las condiciones para poderlo hacer. Tengo con ella una amistad desde la LIX Legislatura en la que pudimos trabajar”, explicó.
Al mismo tiempo, subrayó que la aplicación de la ley es sin distingo, que, si lo ponen a escoger entre la amistad y la aplicación de la ley, “siempre será la aplicación de la ley por encima de cualquier condición”.
