Los influencers que fingieron un asalto en Puebla podrían enfrentar una multa e incluso sanciones penales, luego de que su “broma” generara pánico entre comensales y movilizara a elementos de la Policía Estatal.
La noche del 2 de noviembre, una pareja de jóvenes ingresó disfrazada a la taquería Alif, ubicada en la calle 5 Poniente del Centro Histórico de Puebla, portando un cuchillo de utilería. El acto, que buscaba generar contenido para redes sociales, terminó causando alarma entre los presentes, quienes pensaron que se trataba de un robo real y llamaron al 911.
Elementos policiacos acudieron al lugar de inmediato, sólo para confirmar que se trataba de una puesta en escena grabada para TikTok. Aunque no hubo lesionados ni delitos cometidos, los testigos y usuarios en redes sociales exigieron sanciones, argumentando que la inseguridad no debe tomarse como una burla.
De acuerdo con la página derechovirtual.org, este tipo de conductas pueden ser sancionadas bajo la figura de “simulación de delito”.
Este delito se configura cuando una persona finge ser víctima o responsable de un hecho delictivo inexistente, provocando que las autoridades inicien una investigación o movilización innecesaria. La finalidad de esta disposición es evitar que se desvíen recursos públicos y que se afecte el correcto funcionamiento de la justicia.
Aunque en este caso no hubo una denuncia formal ante la autoridad judicial, el hecho de haber provocado la movilización de los cuerpos de seguridad puede ser motivo de sanción si se acredita que los involucrados actuaron con dolo o intención de engañar.
Por otra parte, una reforma promovida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ante el Congreso local —para sancionar las falsas llamadas al 911— contempla penas de tres a ocho años de prisión y multas de 200 a 300 días de salario para quien provoque la movilización de servicios de emergencia mediante avisos falsos o engaños.
En casos donde estas acciones causen daños materiales o personales, el responsable también deberá pagar los perjuicios económicos ocasionados.
El objetivo de sancionar la simulación de delito o las alertas falsas es proteger la Administración de Justicia y garantizar que las instituciones de seguridad pública atiendan únicamente emergencias reales.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2025 se registraron más de 187 mil llamadas improcedentes al número de emergencias 911, lo que representa un aumento del 7.4 por ciento respecto al año anterior.
Estas prácticas no solo entorpecen la atención a casos reales, sino que también representan un gasto considerable en recursos humanos y materiales.
Testigos del incidente y usuarios en redes sociales señalaron su inconformidad y pidieron que se sancione a los influencers responsables del hecho ocurrido en la taquería Alif, ya que este tipo de actos “normaliza la violencia” y se burla de las víctimas reales de la inseguridad.
“Parece una broma, pero no lo es. En un contexto donde los robos son frecuentes, no se puede jugar con el miedo de la gente”, expresaron algunos comensales.
Por ahora, las autoridades no han confirmado si habrá una sanción formal contra los involucrados, pero el caso ha abierto el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y los límites del entretenimiento digital.