La trayectoria del alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loaeza Aguilar, está colmada de controversias, denuncias y toda una serie de cuestionamientos, que llevan a más de un poblano a cuestionarse cómo ha logrado mantenerse vigente e incluso cambiar de partido.
En marzo de 2021, Porfirio Loeza fue denunciado públicamente por habitantes de diversas comunidades por llevar el agua de un manantial hacia su rancho donde construía un centro recreativo.
Los inconformes señalaron que Loeza Aguilar invadió propiedad privada de infinidad de pobladores de las comunidades de Pabloco y Chinampa, a los que engañó diciéndoles que el agua sería para ellos.
Los manifestantes afirmaron que el edil tiene una hacienda en Ajocotzingo, donde construía un centro turístico hacia donde desviaba parte del agua que se llevó de las comunidades.
Incluso, los habitantes de Chinampa amenazaron con destruir las tuberías que fueron colocadas en el lugar por parte de las autoridades municipales.
Luego, en mayo de 2021, el Tribunal Electoral del Estado determinó que el edil de Tlatlauquitepec con licencia, Porfirio Loeza Aguilar, postulado por la coalición Juntos Hacemos Historia, incurrió en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
En esa ocasión, el PAN denunció que antes de que Porfirio Loeza pidiera licencia al cargo, incurrió en diversas faltas derivado de la difusión de publicaciones hechas en redes sociales institucionales como edil y del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec.
En enero de 2022, el servicio de Telecom que se prestó para envíos y recepción de dinero por más de 50 años, en la planta baja del palacio municipal de Tlatlauquitepec, fue desalojado del espacio que ocupaba.
Sin mayor explicación o motivo de por medio, la administración encabezada por Porfirio Loaeza Aguilar pidió a directivos y trabajadores de Telecom, buscar otro espacio donde pudieran operar. Poco importó la molestia ocasionada a la población local.
Tras contender como candidato para el periodo 2011-2014, por el partido naranja, en coalición con PAN-PRD y Nueva Alianza, ganó.
Pero antes de que asumiera el cargo, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfise) detectó anomalías en sus cuentas públicas por 19.5 millones de pesos del trienio anterior.
Ello, derivó en la inhabilitación por 11 años para desempeñar funciones públicas.
En principio, el Orfise, le detectó a Porfirio Loeza, en el ejercicio 2007, un recurso no comprobado, motivo por el que se hizo acreedor a un Inicio de Procedimiento Administrativo para Determinar Responsabilidades (IPADR), por un monto de más de 14 millones de pesos.
Y uno más por cerca de 30 millones, cuya problemática fue disuelta, a través de un acuerdo político, concretado durante el 2018.
En la Cuenta Pública de 2008, también le fue iniciado un IPADR por más de 15 millones de pesos, cuyo arreglo político antes mencionado también resolvió dicho faltante.
En tanto y en lo que respecta al ejercicio 2006, le fue impuesto un procedimiento de responsabilidad, resolviendo una restitución de daño patrimonial por más de 13 millones de pesos, una sanción económica por la misma cantidad y una inhabilitación por 11 años.
Finalmente, tras ganar la elección, Porfirio Loeza logró tomar nuevamente el cargo como alcalde.
Por su parte, el Órgano de fiscalización superior, dio inicio al procedimiento administrativo de revocación de mandato, cuya notificación fue enviada al ayuntamiento, pero fue extraviada y, por tanto, su ejecución fue postergada, hasta el término de la administración 2011-2014.
Posteriormente, dejó pasar un periodo y volvió a contender en el proceso que lo llevó a ocupar por tercera ocasión 2018-2021.
Durante ese periodo tuvo diversas problemáticas con los inspectores de las comunidades de Tepeteno, Chinampa, Ajocotzingo Sección 13, Túnel 2, Gómez Poniente y El mirador, quienes terminaron por ser destituidos por el cabildo, por solicitar recursos para llevar a cabo obras y servicios básicos a sus comunidades.
Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó al Cabildo de Tlatlauquitepec, restituir en sus cargos a los inspectores, y determinar una asignación presupuestal, además de la revocación de las actas en las que fueron destituidos.