La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla aseguró que el software israelí Cellebrite que adquirió no se usará para espiar a los ciudadanos, sino para extraer información de teléfonos celulares asegurados durante investigaciones penales y fortalecer las indagatorias contra presuntos delincuentes.
La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, explicó que el sistema está destinado al análisis forense de dispositivos relacionados con objetivos prioritarios y presuntos generadores de violencia.
“Estos servicios no son para espionaje, son un tema que nos sirve a nosotros para hacer los análisis forenses y sacar la información de los objetivos que aseguramos”, afirmó durante una conferencia de prensa.
Añadió que los datos obtenidos permitirán dar seguimiento a las investigaciones ministeriales. Sobre las características técnicas del sistema, señaló que sería necesario proporcionar una ficha informativa para detallar su funcionamiento.
De acuerdo con la licitación, la contratación contempla dos equipos especializados y un paquete inicial de 150 desbloqueos para teléfonos móviles de gama alta y dispositivos con sistemas de seguridad avanzados.
La extracción de información busca aportar elementos para esclarecer hechos delictivos y fortalecer las carpetas de investigación.
César González, director de Infraestructura de la FGE de Puebla, defendió la adquisición al señalar que parte de la evidencia relacionada con los delitos se encuentra en entornos digitales.
El funcionario sostuvo que el análisis forense permitirá agilizar las indagatorias, preservar pruebas y respaldar los casos ante los jueces, con respeto al debido proceso y los derechos humanos.
La licitación también incluye capacitación para el personal ministerial. Un grupo de ocho trabajadores recibirá un taller de ocho horas, mientras que otro bloque será instruido en técnicas avanzadas para acceder a dispositivos.
Francisco Javier Zárate Méndez, encargado de despacho de la Oficialía Mayor de la FGE de Puebla, informó que la adquisición se financiará con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinado al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Precisó que la Fiscalía no está a cargo directamente de la adjudicación, pues corresponde a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del gobierno estatal conducir el procedimiento.
Zárate Méndez indicó que las bases de la licitación ya estaban publicadas y que el proceso debía continuar conforme a las etapas establecidas por las autoridades responsables.
Según la información proporcionada, los equipos quedarán bajo la custodia del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia encargada de su resguardo e implementación operativa.