Con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el pleno del Congreso del Estado de Puebla aprobó la nueva Ley de Ciberseguridad, la cual tipifica los delitos de usurpación de identidad, el espionaje digital y el ciberasedio, el cual se castiga con hasta 3 años de prisión.
El ciberasedio consiste en insultar, amenazar u ofender reiterativamente a alguien en línea, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital.
Quien incurra en este delito, no solo recibirá pena de cárcel mínima de 8 meses y máxima de 3 años, sino también el pago de multa de 33 mil 942 pesos.
En caso de que la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima.
Esta iniciativa de ley fue propuesta el 6 de noviembre de 2024 por el entonces diputado local José Luis García Parra, quien hoy es coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta.
Después de su análisis y discusión, este jueves 12 de junio de 2025 fue aprobada por la mayoría de los legisladores de Morena, quienes justificaron que de esta manera ya se pueden sancionar estos delitos digitales que antes quedaban impunes.
Con la nueva Ley de Ciberseguridad también se tipifican nuevos delitos digitales:
- Usurpación de identidad, que consiste en manipular o chantajear a menores con fines sexuales. Este delito se sancionará con 8 años de prisión.
- Espionaje digital, que es acceder a sistemas o dispositivos sin permiso para robar datos personales. Se castiga con tres años de cárcel.
- Grooming, es cuando un adulto se hace pasar como un menor de edad para enganchar a adolescentes con fines de cometer delitos sexuales. La pena es de cinco años de cárcel.
Diputadas discuten por nueva Ley de Ciberseguridad
Durante la discusión de la nueva ley en la Sesión del Pleno del Congreso del Estado, los ánimos se calentaron cuando diputadas de distintas fracciones parlamentarias subieron a tribuna para justificar o rechazar dicha ley.
Susana Riestra, diputada del PAN, mantuvo su postura en contra al señalar que se trata de una “Ley Censura”, pues la definición de ciberasedio es ambigua, discrecional y una forma de coartar la libertad de expresión.
La misma postura tuvo la diputada del PRI, Delfina Pozos, quien se enfrascó en una discusión con su homóloga de Morena, Nay Salvatori, a quien criticó por lucir su vestimenta en lugar de gestionar servicios de agua potable como ella.
En tanto, Grace Palomares, diputada de Morena, justificó su voto a favor tras señalar que ella ha sido víctima del ciberasedio, pues aseguró que diario recibe ataques en redes sociales que la denigran e insultan por su apariencia y vida personal, sin tomar en cuenta su preparación para ocupar los cargos que ha tenido.
A través de las redes sociales, José Luis García Parra, coordinador de gabinete en el gobierno estatal y promotor de dicha ley, mostró su beneplácito por la aprobación.
“Hoy las y y los Diputados del Congreso del Estado de Puebla aprobaron la nueva Ley de Ciberseguridad para cuidar y proteger a las y los Poblanos. Ahora toca hacerla valer. Desde el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, vamos a trabajar para que se cumpla con firmeza y sentido humano. Por un Estado libre de violencia!”, publicó.
Artículo 19 rechaza la Ley de Ciberseguridad
Desde la Ciudad de México la asociación civil ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica y la Red de Periodistas de Puebla, emitieron un comunicado para expresar su preocupación por la nueva Ley de Ciberseguridad en Puebla.
Antes de que se aprobara la ley, la organización señaló que los delitos que incorporaron, incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas.
Debido a estos factores, “los delitos pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente contra periodistas y medios de comunicación”.
