Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, fue liberado de prisión después de permanecer casi ocho años recluido por su responsabilidad en el caso de tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro.
Un juez de Quintana Roo ordenó su excarcelación al considerar que el exmando policial había cumplido en exceso la pena de cinco años y seis meses que le fue impuesta, debido al tiempo que permaneció privado de la libertad desde diciembre de 2018.
La liberación, reportada el 14 de octubre de 2026, marca un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de agresiones contra la libertad de expresión en México, que involucró a policías, empresarios y funcionarios públicos de Puebla.
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¿Quién es Alejandro Rocha Laureano y por qué fue detenido?
Rocha Laureano fue detenido el 4 de diciembre de 2018 en la ciudad de Puebla por elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En ese momento, todavía trabajaba en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
Las investigaciones lo señalaron por su probable participación en el operativo de detención que tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo y traslado a la ciudad de Puebla de la periodista y escritora Lydia Cacho, así como en la cadena de mando relacionada con las agresiones que denunció la comunicadora.
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En diciembre de 2018, el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cancún, dictó auto de formal prisión en contra de Alejandro Rocha por su probable responsabilidad en los delitos de tortura y detención arbitraria.
¿Qué le pasó a Lydia Cacho en 2005?
El origen de la investigación se remonta a diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por agentes de la Policía Judicial de Puebla, a raíz de una denuncia por difamación y calumnia presentada por el empresario textiles y de origen libanés Kamel Nacif.
Meses antes, la periodista había publicado su libro Los demonios del Edén, obra en la que documentó una presunta red de explotación sexual infantil y expuso vínculos entre empresarios y personajes con poder político.
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Cacho fue trasladada por carretera a Puebla durante aproximadamente 20 horas. En ese recorrido denunció amenazas, incomunicación y tortura física y psicológica, en un intento por castigarla por sus investigaciones periodísticas.
El caso alcanzó repercusión nacional en 2006, tras difundirse conversaciones telefónicas atribuidas a Nacif y al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres. Las grabaciones desataron un escándalo por las referencias a la detención de la periodista y dieron origen al sobrenombre de “góber precioso”.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que México había violado derechos de Cacho y pidió investigar los hechos y sancionar a los responsables.
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Tras conocerse la liberación de Rocha Laureano, la periodista Lydia Cacho no se ha pronunciado al respecto, pero Artículo 19 precisó que su liberación responde al cumplimiento de la totalidad de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia.
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