Inició el segundo mes del 2026 y con ello el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla anunció una serie de ajustes internos, que para muchos representa una “limpia” o reordenamiento institucional.
El fin de semana pasado, el Poder Judicial del Estado de Puebla, con el argumento de combatir la permanencia prolongada de funcionarios en un mismo cargo, que puede favorecer inercias o redes de influencia, hizo movimiento de personal.
En el comunicado PJ05, se informó que los cambios y reasignaciones de personal consisten en más de 120 movimientos entre jueces y funcionarios; algunos solo reasignados, pero otros sí despedidos.
Se trata de:
En algunos casos, se reportó que ciertos jueces fueron removidos de sus cargos sin explicación pública, aunque no todos estos ajustes han sido detallados oficialmente por nombre.
Trascendió que algunos jueces que forman parte de la lista de cambios y despidos son:
Estos movimientos coinciden con lo dicho por Pedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura al interior del Poder Judicial de Puebla, quien en enero acudió al Congreso del Estado y anunció cambios y movimientos.
La medida -dijo entonces- forma parte de una revisión institucional orientada a garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial poblano.
Añadió que se inició un proceso de depuración interna que derivó en la suspensión de siete funcionarios, mientras continúan abiertas carpetas de investigación contra jueces y magistrados por presuntas irregularidades en su desempeño.
De manera oficial no se han dado a conocer los nombres, pero algunos reportes mencionan que cesaron a Alejandra Anacleto y Aarón Hernández Chino, juez de oralidad penal.
Hernández Chino, en julio de 2023 liberó a Gerardo "N", un diácono de la iglesia católica acusado de abusar sexualmente de un niño de 7 años en Aquixtla. Al desempeñarse como juez en la Casa de Justicia de la Región Judicial Centro, también fue señalado de algunas irregularidades en casos relevantes como el de Paulina Camargo, mujer embarazada y desaparecida, o el de Mara Fernanda Castilla Miranda, víctima de feminicidio, entre otros.
También se menciona que fueron destituidos tres magistrados, implicados en actos de corrupción y tráfico de influencias; dos de ellos del Tribunal Superior de Justicia y uno del Tribunal de Justicia Administrativa.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado informó que evaluará cada expediente conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y que las suspensiones aplicadas forman parte de un procedimiento aún en desarrollo.