El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Puebla, señaló que tras la declaratoria de culpabilidad por el feminicidio de Cecilia Monzón, Javier López Zavala podría regresar al penal del Altiplano.
En entrevista, recordó que López Zavala ya estaba en el penal del máxima seguridad, pero regresó al penal de San Miguel en la ciudad de Puebla debido a que estaba en desarrollo su proceso judicial y no pudo ser trasladado a la prisión del Estado de México.
Una vez que fue declarado culpable, espera que el imputado pueda regresar al penal que está en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, “para que haya una carga menos para el estado de Puebla”.
“Me imagino que muy probablemente se va a amparar (López Zavala). Habrá que hacer la revisión y los ajustes para que él sea trasladado al penal donde debe estar recluido. Que tengamos una carga menos con este individuo en el estado”, declaró en entrevista.
La noche del 23 de diciembre de 2025, el Tribunal de Enjuiciamiento con Perspectiva de Género con competencia estatal de la ciudad de Puebla dictó sentencia condenatoria contra Javier López Zavala por el delito de feminicidio en agravio de Cecilia Monzón.
El Tribunal acreditó que Javier López Zavala planificó los hechos y dotó de medios materiales a Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez quienes procedieron materialmente, en calidad de coautores, para disparar a Cecilia Monzón hasta en siete ocasiones, resultando en su feminicidio el 21 de mayo de 2022.
El próximo 31 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la audiencia para fijar la pena, de conformidad con el Código Penal del Estado de Puebla, que establece una condena máxima de 60 años de cárcel a quien cometa el delito de feminicidio.
En dicha audiencia, la representación legal de la familia de Cecilia Monzón solicitará la pena máxima para cada uno de los tres imputados.
Gobierno de Puebla no dio línea en caso de Cecilia Monzón: Armenta
José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, fue enfático al señalar que en el estado de Puebla se aplica la ley y hay estado de derecho.
Durante la conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre, mencionó que tras conocerse el fallo del juez y que se declaró culpable a Javier López Zavala del delito de feminicidio en contra de Cecilia Monzón, quedó en evidencia que en Puebla “el Poder Judicial y la Fiscalía no están supeditadas al gobernador o al gobierno, que no reciben en línea. Se aplica la ley y hay estado de derecho”.
“Las últimas dos semanas ha habido medios que han querido construir una narrativa, incluso decían que porque hubo en algún momento alguna vinculación con Javier López Zavala, él iba a quedar impune, pero ya vieron todos el resultado con esta resolución, que se dio la semana pasada”, puntualizó.
García Parra también destacó que en el gobierno estatal hay total libertad de expresión y libertad de prensa, pero tampoco van a permitir que se fabriquen mentiras, ni tomar fragmentos de hechos reales para torcerlos y construir una historia ajena a la realidad.
En ese sentido, el gobernador Alejandro Armenta rechazó las publicaciones periodísticas donde se afirmaba que Javier López Zavala saldría libre porque era “amigo del gobernador”.
“Cuándo me habló Citlali (Hernández, secretaría de las Mujeres a nivel federal), que me habló varias veces diciéndome: Armenta, leo estas notas de e-consulta y dice que pues va a salir el señor porque hay alguna relación, y le dije: no hay ninguna relación, tuvimos una vinculación laboral, pero si hay un delito que lo persigue, o que lo procese la Fiscalía y el Poder Judicial, yo no tengo nada que decir, ni voy a proteger a nadie que haya cometido un delito, sea un familiar o sea una persona que infringe la ley”, acotó.
El gobernador Alejandro Armenta reiteró públicamente que en Puebla se protege a las mujeres y que si un familiar Armenta o de apellido Mier comete un delito, no estarán encima de la ley.
“Quien violenta la ley tiene que sujetarse a escrutinio de la ley, nadie se puede amparar en un apellido para la ley. Vivimos en un estado de derecho y el gobernador del estado no tiene por qué dictarle línea ni al Poder Judicial ni a la fiscalía”, subrayó.
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