El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que en el caso de Accendo Banco que provocó un boquete financiero de 600 millones de pesos en el gobierno de Miguel Barbosa, no hay protección para nadie que comete actos irregulares.
“No hay protección para nadie que comete actos irregulares, sea del PAN, del PRI, de Morena, del PT, del Partido Verde, sea del partido que sea. Militar en un partido no es capa de protección frente a actos irregulares. Dejamos muy claro que ni vamos a cerrar los ojos ante una irregularidad, pero tampoco vamos a perseguir a nadie por ningún motivo. Todo con apego a la ley”, señaló.
El mandatario estatal así lo expresó durante la conferencia mañanera de este jueves 30 de octubre, luego de que fue cuestionado sobre el fallo de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado, en la cual se sancionó a María Teresa Castro Corro y a José Enrique Girón Zenil, secretaria y subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el gobierno de Barbosa, respectivamente.
En el 2021, ambos ex funcionarios públicos participaron en una inversión de más de 600 millones de pesos del erario público depositándolos en Accendo Banco, pero tres meses después la institución bancaria se declaró en quiebra y con ello se generó un boquete financiero a las arcas estatales.
En consecuencia, la Sala Especializada determinó imponer a Castro Corro una multa de 362 millones de pesos y quedó inhabilitada por 20 años para ocupar un cargo público, mientras que Girón Zenil tiene que pagar 241.9 millones de pesos y fue inhabilitado por 15 años para ocupar un puesto público.
“Cuando la autoridad fiscalizadora investiga, nosotros lo que hacemos es proporcionar información, es un actuar institucional. Quien administra tiene la obligación de tener toda la información documental que ampare el ejercicio-gasto del presupuesto, el ingreso- egreso, con las comprobaciones y las acreditaciones correspondientes”, apuntó.
De igual manera leyó el comunicado que emitió Alejandro Espidio Reyes, secretario Anticorrupción y Buen Gobiorno del Estado de Puebla, en el que se precisa que ninguna persona, institución o servidor público -sin importar su cargo, posición económica o militancia política- puede sustraerse de la responsabilidad que implica actuar conforme a derecho.
En el documento se cita que cuando existe un posible delito, comportamiento ilícito o acción indebida, el gobierno del estado “actúa con determinación y bajo los principios que rigen un Estado democrático de derecho: de conformidad con el marco legal vigente y siguiendo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia".
“Nuestro postura es clara y firma. En Puebla no hay persecución, pero tampoco se incurre en omisiones. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones. Este gobierno actúa con respeto absoluto a la ley y con compromiso inquebrantable hacia el pueblo de Puebla”, citó el gobernador Alejandro Armenta
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