Todo se tambalea. Cuando un presidente municipal es asegurado por cometer algún delito, las repercusiones en materia de seguridad son considerables en la demarcación.

De acuerdo acuerdo con el marco jurídico y la facultad reglamentaria de los municipios del estado de Puebla, un municipio no puede operar con normalidad cuando un alcalde esté cumpliendo con un proceso legal.

Aunque haya un director policíaco, no puede ejecutar acciones sin la aprobación del alcalde que es la máxima autoridad.

Por ejemplo, el mando de seguridad no tiene la facultad de ordenar operativos, montar retenes.

Así como llevar a cabo algún arresto dentro de la jurisdicción que en ese momento no sería gobernada por nadie.

En cuestión de puestas a disposición de las autoridades ministeriales, la ausencia de un presidente municipal merma el nexo con las autoridades estatales.

En este caso, el ordenamiento para entregar a un delincuente tendría que venir del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal o directamente del gobernador.

Cuando llegan a detener a un alcalde, las autoridades municipales empiezan a buscar un presidente interino para que pueda llevar las riendas de la demarcación.

En especial las decisiones que tienen que ver con la seguridad pública.

Así logran que la gobernabilidad continúe, aunque el presidente municipal en turno se encuentre bajo un proceso penal.

El último alcalde que ha sido detenido es el de Acatlán de Osorio.

Como lo informó, Arturo Cajica fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones y encubrimiento, por lo que se encuentra tras las rejas del Penal de San Miguel.

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