En el caso del crédito fiscal por 722 millones de pesos, lo que se hizo fue informar y buscar aprovechar las facilidades para no incrementar el monto, en este sentido se expresó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en torno a los cuestionamientos que han surgido sobre los llamados socavones financieros que se hicieron públicos.
“No estoy diciendo que se lo robaron, estoy diciendo que se dejó de aplicar ese recurso como un pago de impuestos, para poderlo tener con mucha claridad”, expresó.
Asimismo, indicó que no se persigue a nadie, solo se hizo público que tendría que reflejarse en la cuenta pública y, por tanto, visible en algún momento.
Agregó que tanto en el caso del crédito fiscal como en el Banco Accendo se buscará esclarecer lo acontecido y en su caso, establecer las responsabilidades en las que hubiesen incurrido los funcionarios correspondientes, “si hubiesen incurrido”.
“Pero entendamos este tema, que la omisión también es un delito. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta clara de qué es y cómo encontramos la hacienda pública”, puntualizó.
Advirtió que existen instancias federales y locales de supervisión, control y fiscalización de manejo de los recursos públicos que califican las acciones ejecutadas por los funcionarios y áreas responsables de gobierno.
Indicó que la operación de esas instancias garantiza el buen manejo de los recursos públicos y, en su caso, la sanción a las conductas indebidas que puedan derivar en procedimientos sancionatorios.
Precisó que, en el caso del crédito fiscal por 722 millones de pesos, “es una obligación que se desprende de cinco auditorías practicadas por el Servicio de Administración Tributaria, en el periodo de 2020 a 2022, de las que se determina el concepto despensa a servidores públicos que pasa a ser un ingreso gravado por el Impuesto Sobre la Renta, pese a haber sido una previsión social exenta del pago de impuestos”.
Abundó que esa determinación gravó el concepto de despensa, que antes no lo causaba impuesto.
“Y que, en su momento, la gente que estaba a cargo de finanzas, al no tener claridad con ello, no hizo ese pago de impuestos, que en su momento se generó. Y que hoy, nosotros estamos haciendo y por supuesto lo tenemos como un crédito fiscal”.
Hacienda determinó socavón financiero como un crédito fiscal.
Resaltó “nosotros lo que hacemos es únicamente transparentar el ejercicio público en cuanto se refiere al tema del gasto”, acotó.
Céspedes Peregrina, subrayó que el no pagar incrementa día a día el monto por recargos que “el día de mañana si los damos a conocer en la cuenta pública, entonces la interpretación va a ser de otro tamaño, porque entonces van a decir que estamos tapando algo. Aquí no tapamos nada”.
“Pero tampoco señalamos a alguien”, puntualizó.
En torno al Banco Accendo, Céspedes Peregrina informó que se lleva a cabo la revisión de la entrega-recepción de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como la auditoría en torno a ese tema, por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Ello, a fin de determinar las acciones legales con el propósito de resarcir la situación financiera que esa situación generó al gobierno del estado de Puebla.
Aclaró que no es una persecución contra alguien, “no es algo específico, es simplemente lo que no obliga la ley, lo que hace normalmente cualquier gente en una entrega-recepción y por supuesto las acciones que en su momento el gobierno tomó contra esta situación”.
Advirtió que era obligación de su gobierno darlo a conocer y poner en contexto, porque si no tendría que reflejarse en la cuenta pública.
“Si tenemos recursos para pagar eso, es preferible aprovechar los criterios de oportunidad para poder recuperar recursos y no estar pagando intereses de más”.