El próximo año se cumplirá una década desde que Puebla cuenta con la Ley de Seguridad Privada del Estado Libre y Soberano de Puebla para poner orden a ese tipo de servicios.
Sin embargo, ni en el documento original ni en las posteriores modificaciones realizadas en 2014, 2015 y 2017 se contemplaron reformas enfocadas a los derechos de los vigilantes.
Sus precarias condiciones laborales y los tratos que reciben quedaron en evidencia tras la polémica generada en las últimas horas luego de que se diera a conocer la golpiza que recibió un guardia de la empresa VIMA Seguridad Pública por parte de un junior de Lomas de Angelópolis.
El joven llamado Patricio Pereyra atacó al vigilante, luego de que fallara el acceso automático con el chip y le pidiera que se identificara.
Antes de estos hechos, también se registraron denuncias de diferentes empresas proveedoras del servicio sobre falta de prestaciones laborales, incumplimiento en descansos y cobros para uniformes y exámenes de control y confianza.
Incluso, a raíz de ese escándalo, los propios trabajadores de VIMA han expresado en redes sociales que laboran sin prestaciones, con un solo día de descanso y descuentos injustificados.
En la ley, sin embargo, sólo hay una breve mención sobre la capacitación para los elementos, la cual debe estar apegada al respeto a los derechos humanos, la legalidad, objetividad, eficiencia y honradez.
En la mayor parte de la ley lo que se busca es poner reglas a las empresas que prestan los servicios de seguridad privada a fin de que formen parte de un registro estatal que actualiza y renueva permisos.
Los mismos, según el documento, están condicionados a que se garanticen pagos de derechos, reglamentos actualizados y garantías de que el personal contratado cumple con estándares de seguridad.