Opinión

11 de febrero

Valeria Moy

En un país al que le urge Estado de derecho, el presidente da el ejemplo contrario. En un país en el que matan periodistas, se sube el tono de la agresión

Que no quede la menor duda. El 11 de febrero de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador violentó desde Palacio Nacional varias disposiciones legales al mostrar datos de índole personal de Carlos Loret de Mola. El presidente se jacta de conocer la historia y la Constitución del país como pocas personas, pero más allá de que eso sea cierto, el viernes se atrevió a violentar justamente la carta magna, el marco legal más importante de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 16 de la Constitución consigna en su segundo párrafo que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. 

No fue la única disposición legal que violó. Lo hizo también con un par de artículos de la Ley de Protección de Datos Personales, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por supuesto del Código Fiscal de la Federación al utilizar al SAT como su servicio de inteligencia particular. 

No se trató de un desliz, de un error, de un exabrupto. En una clara afrenta mediática, repitió la escena ayer fijando la violación flagrante en la pantalla del powerpoint de la mañanera. Dobló la apuesta. No solo violó la ley una vez. Ayer se mostró orgulloso de la afrenta y la repitió frente a las cámaras con su público habitual. Hay que usar todo el poder frente a los “adversarios”. De eso se trata ser presidente, ¿o no? Me pregunto si no era justo ese el cambio que había ofrecido por años. 

El presidente muestra que está dispuesto a usar todo el poder del Estado y lo disfraza de legítima defensa. Lo presenta bajo la idea de que él también es un ciudadano –por supuesto que lo es– y que por ende tiene derecho a defenderse. Olvida la asimetría. No solo es ciudadano. Es el presidente. Y es esa discusión la que nos remite al tema de origen: el conflicto de interés asociado al uso de una casa perteneciente a un alto ejecutivo de una empresa petrolera que tiene negocios con Pemex. 

Sé que en la narrativa de las últimas semanas ha prevalecido el discurso de la austeridad frente a la realidad de la opulencia. Para mí lo importante, más allá de que un hijo no comparta los valores de su padre, es el conflicto de interés y la posible corrupción que de ahí se deriva. La mejor defensa sería mostrar que ese conflicto no existe o de existir, que fue revelado y atendido conforme marcan las disposiciones legales de México y de los Estados Unidos. Pero esa respuesta no ha sido posible. Tan es así, que antes de aclarar, López Obrador ha preferido violar la Constitución a la vista de todos. 

En un país al que le urge Estado de derecho, el presidente da el ejemplo contrario. En un país en el que matan periodistas con demasiada frecuencia, el presidente sube el tono de la agresión. Todas las mañanas ataca y difama, pero el 11 de febrero fue distinto. Ese día se cruzó una línea que vulnera la libertad de expresión, la libertad de prensa y las libertades de cualquier ciudadano. Quien no vea la gravedad es porque prefiere cerrar los ojos. 

 

@ValeriaMoy 
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