Acaba un año muy complejo, segundo de la pandemia y tercero de la actual administración. Fue un año de violencia y tragedia, pero con algunas luces (tenues) en el horizonte.
Empecemos con lo bueno:
1. La incidencia de diversos delitos patrimoniales (robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a casa habitación) se mantuvo a lo largo año en niveles relativamente bajos, medido no solo por denuncias sino también con encuestas de percepción y victimización (la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, por ejemplo). La pandemia provocó una caída notable, pero no hemos regresado aún a los niveles previos, probablemente como consecuencia de los cambios perdurables que trajo el Covid en nuestra vida cotidiana. Como sea, es buena noticia.
2. La percepción de seguridad en las zonas urbanas tuvo una mejoría en 2021. De acuerdo a la ENSU (levantada en las 75 principales áreas urbanas del país), el porcentaje de adultos que afirmó sentirse inseguro en su ciudad pasó de 67.8 a 64.5% entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. De nueva cuenta, la disminución inició con la pandemia, pero se mantuvo a lo largo de los primeros nueve meses del año. Yo pronosticaba un rebote en ese indicador, pero afortunadamente me equivoqué.
Ahora lo malo:
1. En paralelo a la disminución del delito físico, el delito virtual probablemente creció a lo largo del año. No hay cifras aún para 2021, pero el año pasado, el número de fraudes (muchos de ellos cometidos en internet), medidos en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), aumentó 16%. Según información anecdótica recopilada por especialistas en ciberseguridad, esa tendencia previsiblemente se mantuvo este año. Como parte del legado de la pandemia (crecimiento del trabajo a distancia y de las compras en línea, por ejemplo), una parte de la actividad delictiva se está mudando a internet. Y el país está en pañales para enfrentar ese reto.
2. El proceso de construcción institucional siguió en estado catatónico. Los presupuestos para todos los eslabones de la cadena de seguridad y justicia, con la excepción de las Fuerzas Armadas, siguieron siendo raquíticos. El gobierno federal decidió que no habría más solución al problema de la inseguridad, que desplegar militares, como tales o disfrazados de elementos de la Guardia Nacional. Y sin mayores resultados, dicho sea de paso. Además, la militarización no se limitó a la seguridad pública, sino que se extendió a cada vez más áreas del ejercicio de gobierno. Si 2021 tuviese un color, este sería sin duda el verde olivo.
Por último, lo feo:
1. La violencia homicida se mantuvo en la alta meseta en la que nos encontramos desde 2018. Por cuarto año consecutivo, el país registrará más de 36 mil homicidios intencionales. Algunas regiones del país, como Zacatecas, Guanajuato o Sonora, han experimentado niveles de violencia letal dos a tres veces superiores a la media nacional. En Michoacán, se registraron escenas casi propias de una guerra civil. Y, tema importantísimo, los homicidios de mujeres han seguido creciendo a mayor ritmo que los de los hombres, aunque la mayoría sigue sin clasificarse como feminicidios.
En cuentas netas, no fue un buen año. La alentadora disminución de algunas formas de delito patrimonial o la mejoría en la percepción de seguridad no alcanzan a compensar la persistencia de la violencia descarnada ni la parálisis de los esfuerzos de construcción institucional.
Espero que 2022 traiga mejores noticias, aunque lo dudo. Hablamos de ese tema el miércoles.
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