Opinión

4T se topa con jueces, magistrados y la Corte

El Presidente se ha volcado contra el Poder Judicial, sin que haya habido una intención real de darle una estocada. Por ahora se han quedado en escaramuzas

Las escaramuzas del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T contra el Poder Judicial esconden detrás de sí la impotencia de no poder controlarlo. El Ejecutivo ha buscado, a través de la presión pública, intimidar a jueces, magistrados, consejeros y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos de los cuales le ha tocado nombrar directamente.

La molestia del Presidente es porque los integrantes del Poder Judicial de la Federación lo mismo han expedido amparos contra cambios legales en sectores como el energético y en sus proyectos de infraestructura, o bien contra la determinación del gobierno de no vacunar a menores de edad contra el Covid-19; los ministros de la Corte han dictado sentencias para devolver impuestos multimillonarios a particulares y en favor de despenalizar el aborto, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial han defenestrado a su expresidente José Luis Vargas, afín a la 4T.

Por todo esto, el Presidente se ha volcado contra el Poder Judicial, sin que hasta ahora haya habido una intención real de darle una estocada. Por ahora se han quedado en escaramuzas. La reforma judicial fue una buena primera señal de respeto a la autonomía e independencia de este Poder. El cambio legal lo operó Julio Scherer con el Consejo de la Judicatura, la Corte y el Poder Legislativo. Ese es el mayor legado del exconsejero Jurídico y algo entre lo que más le reconoce López Obrador.

No obstante, a partir de la reforma sobrevinieron los ataques desde la Presidencia, la Secretaría de Marina, y ahora el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Getz Manero, busca dirimir algunos de sus asuntos personales en el Poder Judicial. La determinación de un juez federal de negar las solicitudes de órdenes de aprehensión contra 31 científicos del Conacyt que pidió la FGR sienta un buen precedente de la autonomía del Consejo de la Judicatura.

El fiscal Gertz se ha topado con la pared del Poder Judicial en varias ocasiones en las que ha buscado girar órdenes de aprehensión –por ejemplo, contra Luis Videgaray, a quien se acusó de “traición a la Patria”–, y también por el desaseo en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Por si fuera poco, el asunto de Emilio Lozoya se le echó a perder por la falta de contundencia en las pruebas que dijo tener el exdirector de Pemex, y también fracasó su intento por otorgarle una reparación del daño. Ahora está en una encrucijada: cualquier resultado lo hará quedar mal.

Otro asunto que se le cayó a la Fiscalía fue el del empresario Alonso Ancira, quien hizo un pacto con el exconsejero Jurídico de la Presidencia y con Pemex para devolver 216 millones de dólares como parte de un acuerdo reparatorio. Ese acuerdo incluía que no pisaría la cárcel una vez que fuera extraditado de España, pero la FGR lo mantuvo dos meses preso. Por ese motivo, Ancira manda decir desde Texas que no va a honrar el acuerdo, porque “ellos no lo respetaron”.

En la Suprema Corte de Justicia las cosas tampoco le han favorecido a la 4T. A pesar de la muy buena relación que tiene AMLO con el ministro Presidente, Arturo Zaldívar, la Corte ha hecho valer su autonomía. Tres casos puntuales: la no ampliación de mandato de Zaldívar; la despenalización del aborto y la invalidación de la objeción de conciencia; y la sentencia para que el SAT devuelva mil millones de pesos a la familia de Carmela Azcárraga.

Por este último tema el Presidente se fue contra los consejeros de la Judicatura Federal propuestos por él: Bernardo Bátiz Vázquez, Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica de Gyvés, quienes nada tuvieron que ver.

La mecha corta del Presidente y del fiscal Gertz ha puesto una presión adicional sobre los jueces, magistrados y ministros del país, sobre todo tras la salida de Scherer. Hoy más que nunca, se requiere una pulcritud e imparcialidad en la toma de decisiones para defenderlo.
 

Santa Lucía, aerolíneas y Categoría 1

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no pretende obligar a las aerolíneas a operar en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía.

En la Feria Aeroespacial México 2021 y junto al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, AMLO dijo que no se van a limitar las operaciones de las aerolíneas en el aeropuerto capitalino para redistribuir el tráfico aéreo hacia Santa Lucía.

Importante discurso presidencial, sobre todo en el contexto de la pérdida de la Categoría 1 de seguridad aérea en mayo pasado, la cual supuestamente se recuperaría este año. El canciller Marcelo Ebrard ya reconoció que será hasta 2022… si bien nos va.
Las declaraciones de hoy buscan darle un nuevo empujón para que la FAA de Estados Unidos nos regrese la Categoría 1.
 

Rusia y Cancún

El secretario de turismo Miguel Torruco y el gobernador Carlos Joaquín González anunciaron que serán siete los vuelos semanales en ruta directa entre Rusia y el Aeropuerto Internacional de Cancún operados por la aerolínea Aeroflot, con los que se busca incentivar el desembarco masivo de turistas desde esa nación, ayudando así a la pronta reactivación del sector.

De acuerdo con las cifras reportadas, pese a la pandemia, en el primer semestre de 2021 arribaron a Quintana Roo más 14 mil 500 visitantes rusos, generando una derrama de 15 millones 72 mil dólares, cifra que se prevé rebasar con la incorporación de esta nueva aerolínea y el fortalecimiento de las operaciones de la ya establecida conexión operada por Azur Air.

 

@MarioMal
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