Alejandro Moreno Cárdenas se aferra a la presidencia del PRI porque sabe que su destino está marcado por acusaciones penales y dichos como “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre”. Esa es la razón por la que, a pesar de haberse convertido en un personaje tóxico para el partido y para la alianza Va por México, ni siquiera se inmutó con los reclamos de los expresidentes del PRI en la reunión del martes pasado.
Alito no se puede decir sorprendido con las acusaciones. El exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz –a quien le arrebató la presidencia del PRI– ya había denunciado el presunto enriquecimiento ilícito del político campechano. La llegada de Layda Sansores al gobierno de Campeche, con su fiscal Renato Sales, anticipaban guerra y se soltó el tigre.
Hace unas semanas publicamos que el mismo 11 de mayo, cuando Sansores revelaba en sus redes sociales la primera grabación de Alito –relacionada con tratos agresivos a sus proveedores–, la Auditoría Superior de la Federación presentó en la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, una denuncia contra el fiscal general de Campeche, Renato Sales, por un supuesto robo de un equipo de espionaje con valor de 807 millones de pesos.
El tuit de Sansores se difundió a las 10:30 de la mañana, por lo que Moreno Cárdenas contó con el tiempo suficiente para operar la denuncia que se presentó a las 15:30 a través de su colaborador, el diputado del PRI por Campeche, Pablo Angulo Briseño, quien ostenta el cargo de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
En la época de Enrique Peña Nieto, Sales Heredia intentó instaurar lo que se conoce como el “Sistema Rafael”, bautizado así por el nombre de la empresa que comercializó la tecnología: Rafael Advanced Defense Systems LTD, con el objetivo de mejorar las capacidades de la Policía Federal y de la extinta PGR.
El sistema fue una mala inversión: nunca funcionó y debió haber generado denuncias para quienes lo adquirieron, aunque no hay certeza si Renato Sales participó como responsable.
En las investigaciones, otro personaje al que se apunta es Alberto Esteva Salinas, quien este año intentó ser el candidato de Morena para competir por la gubernatura de Oaxaca.
El oaxaqueño es el operador de confianza de Layda. Ambos fueron diputados federales y luego Esteva se convirtió en director general de Administración cuando Sansores fue alcaldesa de Álvaro Obregón. Esteva, quien trae a cuestas investigaciones, era quien realmente operaba la demarcación: los contratos, proveedores y nombramientos. Sansores dividía su vida entre la CDMX, Campeche y Guatemala, con su esposo, Romeo Ruiz, a quien el presidente López Obrador propuso como embajador en el país centroamericano.
Otra de las cosas que le operaba Esteva a Layda, según fuentes cercanas a ambos, era la investigación de sus adversarios. El político oaxaqueño fue subsecretario de Políticas Públicas en la administración de Marcelo Ebrard en la CDMX, luego diputado federal y secretario de Seguridad Pública en Oaxaca, en el gobierno de Gabino Cué.
Fue precisamente con Gabino Cué dónde aprendió esos oficios. Se encargó de mandar a construir cárceles, se alió con empresarios y perfeccionó sus habilidades de “investigador”.
Así que, si bien Renato Sales tiene los medios –y razones– para haber obtenido los audios de Alito, no se puede descartar que Esteva haya sido partícipe. La guerra sucia estalló y Alito, cuyo pasado y presente son más que cuestionables, no se puede llamar a sorpresa.
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