Era de esperarse que tras el asesinato de Cecilia Monzón y la solicitud de intervención que hizo su hermana, el gobierno de España hiciera un pronunciamiento enérgico.

Ahora, los ojos de México y España están sobre Puebla hasta que se esclarezca el crimen y los responsables materiales e intelectuales sean condenados.

Esperamos que así como ha ocurrido en otros casos, este asesinato que ha conmocionado a nacionales y extranjeros se resuelva pronto y con todos los elementos de prueba.

Pero también es urgente que a nivel federal se refuercen los mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos, quienes, al igual que los periodistas, siguen ejerciendo su profesión en condiciones de riesgo y siendo víctimas de criminales que tienen el claro objetivo de silenciarlos a como dé lugar.

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Donde no han mejorado las cosas es en el penal de San Pedro Cholula. En redes sociales denuncian muchas anomalías que suceden en el lugar con la complacencia de las autoridades carcelarias.

Señalan a Arturo Cruz Andrade, director de ese centro penitenciario, de formar parte de una red de corrupción junto con varios mandos. Se les acusa de rentar teléfonos celulares a los internos y de permitir el acceso de sustancias prohibidas.

También dicen que se autorizan las visitas conyugales de presos con reclusas todos los días, aunque no sean pareja. Además afirman que dejan entrar a personas que se dedican al trabajado sexual a este Cereso. La corrupción en el sistema penitenciario parece no tener fin.

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