Gran presión hay sobre el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, por el caso de Cecilia Monzón que ya escaló a nivel internacional.

Recientemente, los familiares de la activista le dieron un voto de confianza para que esclarezca el feminicidio y dé con los responsables materiales e intelectuales.

Sin duda, tiene una obligación enorme y por ello los ojos de la sociedad están fijos sobre el actuar de la institución y su titular.

En medio de la profunda conmoción social, al parecer, este miércoles 25 de mayo las autoridades ministeriales podrían dar a conocer detalles sobre el artero crimen.

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El Congreso del Estado parece que solo le da atole con el dedo a colectivos.

Primero, desde el 2021 hay iniciativas para despenalizar el aborto en Puebla, pero al momento no se ha realizado.

Desde la pasada legislatura es un tema pendiente que dejó la diputada Nora Merino Escamilla, quien se había comprometido con las organizaciones feministas, pero nunca prosiguió.

Incluso, recientemente la diputada Mónica Silva reconoció falta de consensos entre partidos políticos, por lo que no hay fecha para abordar el tema nuevamente.

Esto a pesar de que, a inicios de este año, se había comprometido a que el tema se discutiría desde meses atrás.

Otro tema que también “solo se le da vueltas”, es tipificar como delito las terapias de conversión.

Si bien, este 24 de mayo la Comisión de Procuración del Congreso de Puebla aprobó una iniciativa para tal efecto, es justamente un año después de que la diputada Rocío García Olmedo en tribuna presentó la Iniciativa al Código Penal de Puebla con el objetivo de tipificar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).

En su momento, la legisladora del PRI, sentenció: “¡No hay nada que curar o corregir!, son personas perfectamente sanas, que aportan al país y al estado, que ejercen profesiones y oficios, contribuyentes, etc..”

Ya nomás se espera que en el pleno se pueda aprobar la propuesta, que en esta ocasión presentó Carlos Evangelista Aniceto, con penas que van de uno a tres años de prisión y multas de 50 a 200 días de salario mínimo.