En su gira de esta semana por la ciudad de Washington, donde se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden, el presidente de México realizó tres ofrendas: la primera la puso a los pies del monumento del presidente Franklin D. Roosevelt, a quien él considera “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”; la segunda ofrenda la colocó frente al monumento a Martín Luther King, el luchador por los derechos civiles de los negros, cuya memoria dio pie al tabasqueño para improvisar un mítin de campaña con migrantes mexicanos en pleno National Mall estadounidense; y la tercera ofrenda de López Obrador a Biden llegó tres días después con la sorpresiva captura del mítico capo del Cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero.
Nadie con dos dedos de frente podrá pensar que fue una simple casualidad que justo 72 horas después de que el presidente mexicano estuvo en la Oficina Oval, dialogando en privado con su homólogo estadounidense, las fuerzas de élite de la Secretaría de Marina hayan capturado a Caro Quintero, en San Simón, localidad de Choix, Sinaloa, que limita con Chihuahua y con la Sierra Tarahumara —el lugar que siempre fue su preferido para sembrar y producir drogas— después de 9 años que estuvo prófugo para la justicia mexicana y la de los Estados Unidos, que lo consideraba un objetivo prioritario en su lista de ”los más buscados” y ofrecía recompensa de 20 millones de dólares por su captura.
De hecho, desde que Caro Quintero fue liberado en agosto de 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Estados Unidos protestó y reclamó entonces a la administración mexicana por la extraña liberación ocurrida de noche, por órdenes de un juez que argumentó que se violaron los derechos del narcotraficante al debido proceso, porque se le procesó y sentenció como un delito federal. Cuando el llamado “Narco de Narcos” salió del Penal de Puente Grande, donde purgaba una condena de 40 años, supuestamente nadie del gobierno peñista se enteró, sino hasta que ya Rafael Caro se había escondido y regresado a sus orígenes en la región limítrofe entre Sinaloa y Chihuahua, donde rápidamente, unos cuantos meses después ya se le consideraba uno de los nuevos capos que lideraban el Cártel de Sinaloa.
Es obvio que la exigencia de detener y entregar al narcotraficante que fuera el fundador del extinto Cártel de Guadalajara, vino directa desde Washington y se originó en el contexto de la reciente visita del mandatario de México. El gobierno de López Obrador en sus casi cuatro años, nunca informó de ningún operativo de captura en contra de Caro Quintero ni lo manejó como un objetivo prioritario en su estrategia de seguridad federal. De hecho, la política de esta administración ha sido totalmente contraria a la búsqueda y captura de capos del narcotráfico, porque según ha dicho el Presidente, esa política implementada en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sólo generó más violencia.
“Me dicen que está mal el que yo hable de abrazos y no balazos. ¿Ustedes creen que solo deteniendo a capos se va a resolver el problema? ¡No! El propósito es atender las causas, y un propósito es quitarles a los jóvenes. Esa es la batalla: dejarlos sin ejército de reserva; claro, no se logra esto de la noche a la mañana, es un proceso, pero ya se comenzó”, decía López Obrador apenas el pasado 24 de septiembre de 2021.
Incluso, unos meses antes, en abril del año pasado, el presidente mexicano justificó y defendió la liberación de Rafael Caro Quintero ocurrida en 2013. Dijo López Obrador en su conferencia mañanera que para él el proceso judicial por el que se liberó al capo estaba “justificado”, porque en 27 años de estar preso los jueces no le habían dictado sentencia, y hasta criticó que después de que se le liberara, el gobierno de Peña Nieto le librara otra orden de aprehensión para recapturarlo. “Una vez que sale, a buscarlo de nuevo porque viene la exigencia de Estados Unidos de que no se debió liberar, pero legalmente procedió el amparo”, señaló López Obrador.
La declaración de AMLO en aquel momento cambió por completo luego que dos meses después de que salió subrepticiamente de la cárcel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por mayoría de ministros revocar el amparo que le otorgó a Caro un Tribunal colegiado de Jalisco, bajo al argumento de que fue correcto y constitucional enjuiciar al narcotraficante en tribunales federales, porque Enrique “Kiki” Camarena Salazar, era un agente de la DEA y en ese sentido estaba protegido por tratados internacionales que competen al ámbito federal.
Ese comentario de López Obrador en 2021 molestó tanto en Washington, que el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, tuvo que salir unas horas después a corregir los dichos y a decir que su jefe, el Presidente, “sólo señaló que es una aberración jurídica que el juez no haya dictado sentencia al señor Caro Quintero 27 años después… pero no defendió su liberación”.
Por eso es difícil creer que la orden y sobre todo la decisión para que ayer un cuerpo de élite de la Marina detuviera a Rafael Caro Quintero en un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República en las inmediaciones de la comunidad de San Simón, municipio de Choix, Sinaloa, una localidad serrana que se ubica en los límites con Chihuahua y cercana a la Sierra Tarahumara, donde Caro siempre operó y donde sembraba y producía estupefacientes.
Así que, como siempre suele pasar después de una visita de un presidente mexicano a Washington, los discursos oficiales y triunfalistas que vienen a vendernos a los mexicanos, diciendo que “nos fue muy bien, nos trataron de maravilla y nos concedieron todo lo que pedimos”, como siempre tienen una letra chiquita, como los contratos amañados, de la que no hablan nuestros presidentes y en las que se incluyen las concesiones o compromisos que se ven obligados a aceptar, a cambio de que la Casa Blanca les dé una palmada, una imagen de buen trato, ayudas y programas de apoyo. En esa manía de simular y ocultar, como en la mayoría de los sentidos, López Obrador ya no es para nada diferente a sus antecesores.
NOTAS INDISCRETAS…
La próxima semana se darán finalmente las definiciones en Morena sobre su candidata a la gubernatura del Estado de México. Y decimos candidata porque en el partido oficial, como tampoco en Palacio Nacional, ya nadie duda que la decisión está tomada a favor de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien será validada a través de la encuesta que se conocerá en los próximos días. Pero aunque el “dedito” de Palacio ya apuntó, ungió y decidió, eso no quita que las tensiones aún no se resuelvan al interior de Morena, donde personajes como el senador Higinio Moreno, el director de Aduanas, Horacio Duarte, y hasta el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, siguen presionando en aras de lograr una negociación positiva para sus respectivos grupos. Veremos cómo resuelven esas tensiones en la 4T y qué tanto Mario Delgado puede evitar una fractura o al menos un distanciamiento de personajes tan influyentes en el Edomex, como el senador Higinio…Y mientras Morena ya está próximo a decidir, en el PRI están hechos bolas. Aunque todas las señales desde el Palacio de Gobierno de Toluca apuntan a que solo hay dos posibles candidatas para el PRI y para la Alianza Va Por México, la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, y la diputada Ana Lilia Herrera, en ese orden, hay otros priistas y panistas que no lo entienden así y están metiendo ya demasiado ruido a una definición priista que, de por sí, va con retraso con respecto a los tiempos adelantados de Morena. Nos dicen que al diputado panista Enrique Vargas, nomás no lo pueden hacer entender que no va a ser él el candidato de la alianza, y que el exalcalde de Huixquilucan insiste y amenaza con un rompimiento que no ayudaría nada a su partido y menos a él. Será cuestión de ver qué tanto pide para negociar el señor Vargas, dicen en el PRI mexiquense. Y por si fuera poco con un rebelde blanquiazul, ahora también en el PRI, Martha Hilda González, exsecretaria del Trabajo del gabinete de Alfredo del Mazo, insiste en aparecer en la lista de posibles candidatas, a pesar de que ya le dijeron en todos los tonos que no está considerada desde el Palacio de Gobierno de Toluca, en donde sólo ven a dos aspirantes mujeres, entre las que saldrá el nombre de la candidata que deberá enfrentar a Delfina Gómez, de Morena, pero sobre todo a la estructura federal de programas sociales y, principalmente, al presidente López Obrador, que será sin duda el jefe de la campaña morenista en el Estado de México…Los dados mandan Escalera Doble. La semana se compuso.
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