La reciente polémica en torno al proyecto de Cablebús en Puebla ha abierto, gracias a la intensa movilización de diferentes sectores de la ciudadanía, un debate necesario sobre cómo concebimos la ciudad, cuáles son para las poblaciones que la habitan las problemáticas más sentidas, cómo suelen abordarse éstas para resolverse, qué marcos normativos existen para ello, qué tanto nuestras autoridades y representantes los conocen, respetan y garantizan, así como qué posición tenemos frente a la naturaleza -o lo que de ella queda representada en esos espacios reducidos como lo son los parques-, en la decisiones que se toman en pro, de lo que en el discurso se presenta como desarrollo urbano y sustentabilidad, en un contexto de déficit de áreas verdes y crecientes retos socioambientales en nuestro territorio.
Si bien es innegable el problema de movilidad que tiene la ciudad, con el privilegio del vehículo privado, una movilidad peatonal y ciclista que carece de infraestructura suficiente y digna, con un transporte público deficiente, inseguro, obsoleto y fragmentado; la severa congestión vehicular por el mal estado/diseño de las vialidades, por obras y cierres viales o el crecimiento del parque vehicular; la existencia de transporte irregular; el alto índice de accidentes y la escasez de opciones de transporte para las zonas periféricas, lo adecuado es que la creación de salidas o soluciones, además de cumplir con un estricto marco normativo técnico y ambiental para garantizar la seguridad, eficiencia y legalidad de la obra, incluya la participación ciudadana a partir de procesos de consulta previa, libre e informada que salvaguarden la transparencia e inclusión social en el proyecto.
Considerando lo anterior ¿qué puede decirse sobre el proyecto? En la página del gobierno del Puebla, con fecha del 8 de diciembre del 2025 se informa en siete párrafos que será una obra innovadora, inclusiva, segura y protectora del medioambiente para mejorar la movilidad urbana respetando la zona monumental, mediante cuatro líneas que cubrirían el trayecto desde el estadio Cuahutémoc hasta la zona de Angelópolis -con la perspectiva de integrar cuatro más- con la intervención de cinco empresas, al menos una de ellas experta en la materia, con fecha de entrega de 24 meses, bajo operación de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Pese a lo anterior, actores académicos, organizaciones sociales, ambientalistas y ciudadanía en general, han mostrado su inconformidad por la falta de información técnica sobre el proyecto; la secresía del mismo al considerarlo bajo reserva cinco años lo que violenta normativas nacionales y acuerdos internacionales como el de Escazú; la nula inclusión de la participación de la población, así como los severos daños ambientales generados con el retiro de árboles maduros y con ello la alteración de ecosistemas.
Así, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) observa que no se han hecho públicos diagnósticos, estudios, permisos ni análisis de costo-beneficio que sustenten adecuadamente la realización de la obra, ni tampoco se han realizado procesos de consulta ciudadana, con lo que se vulneran principios de transparencia y participación pública en decisiones que afectarán profundamente el tejido urbano y ambiental de la ciudad.
Por su parte, académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) han enfatizado esta preocupación desde una perspectiva científica. Un pronunciamiento técnico-científico suscrito por docentes, investigadores y estudiantes advierte que la remoción de hasta 980 árboles maduros, particularmente en áreas como el Parque Juárez, representa un atentado contra servicios ecosistémicos fundamentales. Los árboles maduros —que no pueden sustituirse de inmediato con la plantación de nuevos ejemplares jóvenes— cumplen funciones críticas como la captura de carbono, la regulación térmica, la retención de agua e incluso la mitigación de contaminantes del aire. Su pérdida implicaría un retroceso de décadas en la calidad ambiental de la ciudad.
Esta misma preocupación es compartida por académicos e investigadores de la Universidad Iberoamericana Puebla, que ha insistido en que los parques emblemáticos como Parque Juárez y Parque Ecológico albergan biodiversidad significativa (vulnerable, amenazada, y protegida por normas nacionales e internacionales) que cumple funciones sociales y ambientales irremplazables, advirtiendo que un proyecto de infraestructura no puede operar al margen de la preservación de estos espacios verdes, por lo que hacen un llamado a revisar el trazo y a garantizar la protección de la fauna y flora que habitan estos pulmones urbanos que tantos beneficios proveen a la sociedad.
Sectores sociales amplios, entre vecinos, usuarios y estudiantes se han sumado a la defensa de los árboles por sus funciones, significados, historias y servicios integrales. Llama la atención su exigencia de contrapesos más fuertes a las decisiones gubernamentales y la suma de elementos clave que cuestionan: si el Cablebús es la solución a los problemas de movilidad en la ciudad, si la ruta propuesta es la que más se requiere y responde a necesidades reales de población marginada; la opacidad para el acceso a la información técnica del proyecto; la imposibilidad real de ocupar espacios destinados a áreas verdes con este tipo de infraestructura; la manifestación por parte de las autoridadades de sus deseos de modificar normativas como cartas urbanas y planes de desarrollo estatal y municipal; la ausencia del proceso de evaluación de impacto ambiental y por tanto su aprobación por la autoridad en la materia, todos elementos que hacen inviable que el proyecto esté en una fase de ejecución.
Desde una perspectiva ética, este debate nos invita a reflexionar sobre cómo evaluamos el crecimiento de la ciudad y su funcional equipamiento, en un ejercicio de repensar el modelo de desarrollo urbano y el cómo lograrlo. La construcción de infraestructura no puede ser concebida como un fin en sí mismo, sino debe ser el resultado de procesos inclusivos, informados y sensibles a las necesidades de la población y a las realidades sociambientales del territorio.
Un proyecto que tiene la capacidad de cambiar significativamente el paisaje urbano y la vida cotidiana de millones debe someterse a escrutinio público, evaluar alternativas más respetuosas con el ambiente, y abrir canales reales de participación ciudadana, en lugar de reservar información técnica. Exige reconocer que la movilidad sostenible no puede ser disociada de la justicia ambiental ni de la transparencia que la democracia supone.