En los últimos años, los informes más recientes de organizaciones como Amnistía Internacional, Front Line Defenders, Global Witness y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han documentado con creciente preocupación que defender el territorio y el ambiente se ha convertido en una de las actividades más peligrosas del mundo, especialmente en América Latina. Los datos revelan un patrón estructural de violencia, criminalización e impunidad que afecta de manera particular a comunidades indígenas, campesinas y rurales.

El informe más reciente de Global Witness (2025) señala que al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en 2024, acumulando más de 2,200 casos desde 2012 . Más del 80% de estos ataques ocurren en América Latina, lo que confirma a la región como la más letal. Esta tendencia es consistente con los reportes de Front Line Defenders (2025), que ubican a la región como el epicentro de agresiones contra personas defensoras, concentrando la mayoría de los asesinatos registrados en el mundo.

Por su parte, Amnistía Internacional (2025) ha advertido que existe un entorno de estigmatización, hostigamiento y criminalización sistemática. Las personas defensoras enfrentan detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal, desplazamientos forzados e incluso procesos judiciales sin garantías, en un contexto donde los Estados no logran —o no buscan— garantizar su protección . Esta situación se agrava con la expansión de proyectos extractivos y de infraestructura que suelen imponerse sin consulta previa, generando conflictos socioambientales en los que las comunidades quedan en situación de alto riesgo.

En el caso mexicano, el informe 2024 del CEMDA confirma esta tendencia global. México se mantiene entre los países más peligrosos para defender el ambiente, ocupando lugares altos en número de asesinatos y agresiones . Entre 2019 y 2023 se documentaron al menos 138 personas defensoras y periodistas asesinados, vinculadas a la defensa frente a megaproyectos, donde intereses económicos, actores privados e incluso autoridades públicas confluyen para presionar o desarticular la organización comunitaria.

A este panorama se suman los análisis de organizaciones nacionales como ProDESC, la Red TDT, el Comité Cerezo México y diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), que han profundizado en las dinámicas de la criminalización en el país. ProDESC ha documentado cómo la defensa del territorio frente a proyectos energéticos y extractivos suele derivar en estrategias legales y administrativas para desgastar a las comunidades, incluyendo contratos desiguales, campañas de desinformación y judicialización de líderes comunitarios. La Red TDT, por su parte, ha señalado un incremento en agresiones que combinan violencia directa con mecanismos más sutiles de control, como la vigilancia, el acoso digital y la fragmentación del tejido comunitario.

El Comité Cerezo (2025) ha insistido en que la criminalización en México es una política de facto que utiliza el sistema penal para inhibir la protesta social, a través de figuras jurídicas como el “ataque a las vías de comunicación” o la “obstrucción de obra pública” para perseguir a personas defensoras, especialmente en contextos de resistencia a megaproyectos. Asimismo, han advertido que la desaparición forzada, junto con las ejecuciones extrajudiciales, constituye una de las formas más graves de represión, en tanto busca no sólo eliminar físicamente a la persona, sino borrar su rastro y enviar un mensaje de control y castigo. A su vez, múltiples OSC han subrayado que estas agresiones se inscriben en un entorno más amplio de militarización, extractivismo y debilitamiento de mecanismos de protección, donde las medidas institucionales resultan insuficientes o ineficaces.

Este conjunto de diagnósticos no sólo evidencia la vulnerabilidad de quienes defienden el territorio, sino también su papel fundamental en la protección de bienes comunes esenciales como el agua, los bosques y la biodiversidad. En este sentido, las luchas locales adquieren una dimensión global: son barreras frente a la crisis climática, la degradación ambiental y la profundización de desigualdades estructurales.

Es en este contexto que cobra especial relevancia el otorgamiento del XXXI Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo a los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y los Volcanes, el cual, además de honrar trayectorias de resistencia, constituye un reconocimiento a la legitimidad de la defensa del territorio como un acto de justicia, memoria y posibilidad de futuro. Asimismo, representa una medida de protección al afirmar que resguardar a quienes defienden la vida es una responsabilidad colectiva frente a actores que buscan desarticular la organización comunitaria.