“En febrero son las inscripciones”, el eslogan típico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para anunciar las fechas de inscripción en la educación básica, marca el inicio de las transiciones entre los distintos niveles educativos. Este momento resulta oportuno para revisar el cambio estructural de la población, reflexionar sobre la evolución de la matrícula en los distintos niveles, analizar las consecuencias que ello implica y preguntarnos si las políticas educativas actuales son las más adecuadas.
Tradicionalmente, las naciones latinoamericanas han sido caracterizadas como sociedades con estructuras demográficas jóvenes, con altas tasas de natalidad y una baja proporción de adultos mayores. En las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, por ejemplo, la tasa de fecundidad rondaba entre cinco y siete hijos por mujer. Sin embargo, en el siglo XXI la estructura poblacional de México ha cambiado de manera significativa con respecto al siglo XX, y estos cambios se aceleran año con año. Un indicador claro es la tasa de fecundidad, que ha caído a alrededor de dos hijos por mujer. La población infantil y juvenil se reduce, mientras que la población adulta y adulta mayor crece de forma sostenida. Actualmente, la mayor proporción de la población se concentra entre los 25 y 59 años de edad, y el grupo de 60 años y más continúa en expansión, al mismo tiempo que aumenta la esperanza de vida.
Estos cambios demográficos se reflejan con claridad en las estadísticas de la SEP. En el ciclo escolar 2024–2025, la educación primaria registró una reducción histórica de su matrícula, al alcanzar 12.8 millones de estudiantes, la cifra más baja en casi 50 años. Este nivel solo es comparable con el ciclo 1977–1978, cuando se contabilizaron 12.5 millones de alumnos; desde entonces, la matrícula no había vuelto a situarse en torno a los 12 millones sino hasta ahora, 47 años después. En contraste, el punto más alto se alcanzó en 1984, con 15.4 millones de estudiantes en este nivel.
De acuerdo con estos datos, la transición entre la secundaria y la educación media superior revela una situación particularmente preocupante: el problema no se concentra en el acceso, sino en la permanencia. Cada año egresan de la secundaria poco más de tres millones de estudiantes y casi todos se inscriben en la educación media superior; sin embargo, una proporción significativa no logra mantenerse en el sistema. Esta situación se agudizó durante la pandemia, cuando el ciclo escolar 2020–2021 registró una tasa de abandono cercana al 19 %, sin que existan evidencias claras de una reincorporación significativa de de estos estudiantes en los ciclos posteriores. No obstante este indicador disminuyó, el abandono no ha desaparecido y se mantiene alrededor del 9 % en los ciclos más recientes, lo que confirma que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino estructural.
Otro dato relevante se observa en la educación superior. Entre 2000 y 2024, la matrícula de licenciatura prácticamente se duplicó, al pasar de alrededor de 1.8 millones de estudiantes a 3.6 millones, lo que refleja un proceso sostenido de expansión en este nivel. En el posgrado se observa una tendencia similar: mientras que en 1999 se registraban 128 mil estudiantes, para 2024 la cifra alcanzó aproximadamente 241 mil, lo que confirma un crecimiento significativo, aunque ligeramente menor que en la licenciatura.
En conjunto, los datos muestran que el sistema educativo mexicano ya no responde a la base demográfica para la que fue diseñado. La reducción sostenida de la población infantil, las dificultades de permanencia en la educación media superior y el crecimiento continuo de la educación superior configuran un escenario que exige algo más que ajustes administrativos o campañas de acceso. En primaria, el reto es aprovechar la reducción de matrícula para poner al centro la calidad educativa. En la educación media superior, el desafío es garantizar la permanencia de jóvenes que enfrentan un contexto nacional de violencia, pobreza, desigualdad y exclusión social. resulta indispensable fortalecer, promover e incentivar la educación superior, tanto pública como privada, ampliar la cobertura, diversificar y especializar la oferta en licenciatura y posgrado, y vincular la expansión educativa con una mayor inversión en empleo digno y bien remunerado que impulse el desarrollo productivo y social. Ante este panorama, la pregunta de fondo permanece abierta: ¿son suficientes los actuales programas sociales y las políticas educativas para atender las demandas diferenciadas de una población que ya cambió estructuralmente?

