En México, cada año miles de jóvenes son rechazados para estudiar en las universidades públicas del país. El promedio histórico de rechazo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es de 90%, mientras que en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es de 85%. La situación no es muy distinta en el resto de las universidades públicas del país. Estos datos parecen tener su correlato con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de 2022, que muestran que en México 66% de los estudiantes no alcanzan siquiera el nivel básico de competencias en matemáticas; casi la mitad no logra la comprensión básica de textos ni las competencias fundamentales en ciencias. De los estudiantes que realizaron la prueba, solo 2 de cada mil (0.002%) lograron completarla satisfactoriamente.
La pregunta habitual cada año, tanto para los aspirantes rechazados de universidades públicas como cuando se publican los resultados de PISA, es: “¿De quién es la culpa?”. Los señalamientos apuntan en varias direcciones: aspirantes, familias, sistema educativo, modelo educativo en turno, gobierno en turno… Sin embargo, esta no parece ser una situación anómala; el rechazo escolar, más que una anomalía, es una regularidad estructural que responde, al menos en parte, a la configuración de la división mundial del trabajo.
Leer el ranking de resultados por país de la prueba PISA en clave geopolítica, particularmente desde la estructura socioeconómica global, invita a una interpretación distinta de la habitual y permite encontrar paralelismos con el mundo laboral. Si se observan los datos educativos en comparación con el mercado de trabajo, la coincidencia es difícil de ignorar: dos terceras partes de los estudiantes no alcanzan niveles básicos; dos terceras partes de los trabajadores se concentran en empleos precarizados y de baja redistribución de ingresos. Un tercio logra desempeños intermedios; un tercio accede a condiciones laborales menos precarias. Y el porcentaje de la población que destaca en aprendizajes escolares y en la hiperconcentración de la riqueza coincide en ser menor al uno por ciento.
Estas coincidencias no son casuales; desde hace décadas, sociólogos como Pierre Bourdieu, Samuel Bowles y Herbert Gintis han advertido que la escuela no es únicamente un espacio de aprendizaje, sino también un mecanismo de producción y reproducción de las estructuras sociales. Bourdieu demostró que el sistema educativo tiende a legitimar desigualdades preexistentes al convertir privilegios sociales en “mérito académico”. Por su parte, Bowles y Gintis argumentaron que la escuela reproduce las jerarquías del mercado laboral mediante lo que denominaron el “principio de correspondencia”: las estructuras educativas reflejan las estructuras productivas. En este sentido, la experta en educación Silvia Schmelkes señala que la educación, que debería funcionar como un mecanismo regulador en la sociedad, en realidad reproduce la desigualdad social y económica.
Lo que podría parecer un fracaso educativo no es una anomalía, sino una correspondencia de las estructuras sociales actuales. México ocupa un lugar en la economía global como país de producción basado en manufactura, ensamblaje y mano de obra de bajo costo, lo cual, lejos de demandar una fuerza laboral altamente calificada, requiere una distribución desigual de habilidades: muchos con lo mínimo, algunos con competencias medias y muy pocos altamente especializados.
En este contexto, el examen de admisión a la universidad deja de ser un simple instrumento de evaluación para convertirse en un filtro social. No mide únicamente conocimientos; organiza el acceso a oportunidades en función de una estructura que ya es desigual desde el origen. Esto no exime de responsabilidad al gobierno, al sistema educativo ni a ningún otro actor involucrado. Persisten grandes desafíos en materia educativa: desigualdad en el acceso, calidad educativa, garantizar el logro de los aprendizajes esperados en todos los niveles, erradicar la precarización docente y contar con infraestructura adecuada en las escuelas del país, entre otros.
Compararnos con otros países en el ranking de PISA permite observar cómo naciones como Singapur, Japón o Finlandia, que ocupan los primeros lugares, cuentan con economías basadas en la innovación, la tecnología y el alto valor agregado, y presentan sistemas educativos donde una proporción mucho mayor de estudiantes alcanza niveles altos de desempeño. No es casualidad: sus economías demandan trabajo altamente calificado. En contraste, los países latinoamericanos se encuentran por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y su perfil productivo, basado en manufactura de ensamblaje, extracción de recursos naturales y economías primario-exportadoras, requiere, en consecuencia, sistemas educativos con menores niveles de logro generalizado.
El sistema educativo mexicano no está fallando per se; en realidad es funcional dentro de un modelo económico que, desde el acceso a la educación y a la educación de calidad, selecciona, clasifica y limita. Estamos frente a una estructura que no demanda ni absorbe altos niveles de calificación para la mayoría de la población. La estructura productiva demanda lo que el sistema educativo produce y vicersa. Estamos frente a un sistema, no solo educativo, sino social y económico, diseñado para producir los aprendizajes que el mercado laboral demanda.