Pese a violencia que sufren, mujeres asumen las labores de búsqueda de personas desaparecidas
El 4 de octubre de 2022, en el municipio de Puebla fue asesinada Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo, desaparecida en 2021. El homicidio de la madre buscadora fue resultado de diversas omisiones y faltas en las que incurrieron autoridades de la Fiscalía General del Estado y del ayuntamiento de Puebla, como acreditó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en la recomendación 28/2024 emitida en septiembre de 2024.
Derivado de esta recomendación, el Cabildo de Puebla decretó el 4 de octubre como el “Día Conmemorativo de las Madres Buscadoras”, con el objetivo de “visibilizar y concientizar sobre la lucha incansable de las Madres Buscadoras por conocer la verdad y el paradero de sus hijas e hijos”, según se detalla en el punto de acuerdo aprobado el 12 de noviembre de 2024.
Pese a esto, el 4 de octubre de 2026 pasó sin pena ni gloria. Lo que era una fecha para “garantizar por parte de las autoridades el derecho a la memoria colectiva” pasó al olvido. Sin embargo, en las semanas previas a esta conmemoración, desde la Organización de las Naciones Unidas se emitieron pronunciamientos que vale la pena retomar, para dar una idea de la situación en la que se encuentran las mujeres buscadoras, particularmente en México.
En primer lugar, se tiene la Resolución 80/301 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de agosto de 2026, por medio de la cual se proclamó el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, que busca reconocer “la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de las mujeres que, colectiva e individualmente, se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, y valorando sus contribuciones decisivas a la verdad, la justicia y la memoria histórica”.
A esta proclamación se suma la Observación General núm. 2 (2026), relativa al impacto de la desaparición forzada en mujeres y niñas, emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) el 24 de septiembre de 2026, en donde, además de hablar de las condiciones de género que influyen particularmente en la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas, se aborda el papel de las madres buscadoras.
En este documento, el CED puntualiza que, ante la falta de una respuesta efectiva por parte del Estado, son las mujeres quienes asumen no sólo las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, sino que además defienden la dignidad de las víctimas ante las narrativas que las estigmatizan y responsabilizan. Es decir, no sólo se trata de encontrar a las personas, sino de garantizar su derecho a la memoria.
Si bien se reconoce que no son sólo mujeres quienes buscan, esta es una labor que ha recaído principalmente en las madres, hermanas, hijas y otras familiares, quienes asumen tanto las labores de cuidado como de búsqueda, lo cual impacta de forma importante sus proyectos de vida, así como en su salud física y psicológica, se detalla en el documento del CED.
Sumado a esto, las mujeres buscadoras son víctimas de revictimización, estigmatización, discriminación, violencia, hostigamiento, vigilancia, desaparición y otras violaciones a sus derechos humanos, por lo que el Comité recomienda que los Estados garanticen las medidas de protección que requieran las personas que buscan a familiares desaparecidos.
Haciendo eco de estos puntos, el 30 de septiembre personas expertas de la ONU emitieron un comunicado para pedir al Estado mexicano atender la violencia que sufren las mujeres buscadoras en el país, la cual “ocurre en un contexto de impunidad total, lo que contribuye a generar un entorno que favorece la actuación de los perpetradores”.
Los datos disponibles confirman esta realidad. De acuerdo con un registro hemerográfico del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, tan sólo entre enero y agosto de este año cinco mujeres buscadoras han sido asesinadas en el país, una más fue víctima de intento de feminicidio y otra se encuentra desaparecida. Con estos casos, suman ya 32 registros de mujeres buscadoras que han sufrido algún tipo de agresión desde 2010.
Y a pesar de este contexto, existen muchos pendientes por parte del Estado mexicano para garantizar la seguridad de las madres buscadoras, como es el que se les reconozca formalmente como personas defensoras de derechos humanos, lo cual les brindaría acceso a otros mecanismos de protección.
De ahí que, si bien la proclamación de fechas conmemorativas sirve como un ejercicio de memoria, deben de ir acompañadas de acciones concretas para garantizar la seguridad de quienes buscan, encontrar a sus familiares y prevenir las desapariciones, de lo contrario, estas declaratorias quedarán sólo como una marca más en el calendario.