Dicen que el dinero no puede comprarlo todo, pero en un país como México, los millones sí alcanzan para comprar una lavada de imagen, una exención de posible responsabilidad penal y, de paso, un acuerdo político para seguir siendo contratista privilegiado del gobierno. Para todo eso le alcanzaron al ingeniero Carlos Slim Helú y a su empresa CICSA, los al menos 800 millones de pesos que pagará por rehabilitar completamente el tramo elevado de la Línea 12 que va de la estación Olivos a Tezonco.
Más que un gasto, esa cantidad que apenas representa el 1% del total de las ventas de Grupo Carso, será una inversión para lavarle la cara al empresario más rico de México y diluir cualquier asomo de responsabilidad en el colapso trágico de una obra pública que su consorcio construyó y entregó hace 9 años, y cuyo derrumbe causó la muerte de 26 personas el pasado 3 de mayo.
Qué importa que los peritajes, tanto el de una empresa privada como DNA, como el judicial de la Fiscalía de Justicia de la CDMX hayan arrojado que las causas de la tragedia fueron fallas de origen en la construcción de la obra y la colocación de pernos y soldaduras de calidad inferior a la indicada. Por eso tendrán que responder 5 exfuncionarios del gobierno capitalino en la administración de Marcelo Ebrard y 5 empleados de una empresa subcontratista que realizó trabajos para CICSA, que era la contratista oficial del tramo colapsado. Ni el nombre de Carso, ni el de su filial constructora, mucho menos el de sus directivos y dueños aparece mencionado ni por asomo en el peritaje de la FGJCDMX.
Apenas el 20 de octubre pasado, Carso y CICSA anunciaban en la Bolsa Mexicana de Valores que ya habían suscrito un “Acuerdo Reparatorio para la rehabilitación del tramo Olivos-Tezonco de la Línea 12” con el gobierno de la Ciudad de México y con el Sistema de Transporte Colectivo México, con el que se comprometían a costear y realizar todos los trabajos y reparaciones necesarias para volver a poner en funcionamiento la parte colapsada del Metro. Eso sí, en su anuncio ante los accionistas e inversionistas de la BMV, se aclaraba puntualmente que “CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo”.
Ayer la misma empresa constructora de Grupo Carso anunció en una conferencia telefónica con analistas e inversionistas que el costo de la reparación del tramo colapsado en Tláhuac costará al menos 800 millones de pesos, una cifra que aún no es exacta ni definitiva, pero que se estimó a través de auditorías internas que arrojan que las obras de rehabilitación requerirán un monto que representa el 1% de las ventas totales del grupo empresarial propiedad de Carlos Slim.
“No tiene efecto material considerable para Grupo Carso la rehabilitación, pero no tenemos montos definitivos. Según auditorías internas, estimamos que pesará 1% de las ventas, que son alrededor de 800 millones de pesos, pero esperamos el monto definitivo, lo que tenemos es una estimación”, dijo ayer en esa plática con analistas Arturo Spinola, director financiero de Carso Infraestructura y Construcción S.A. Eso sí, el mismo directivo volvió a precisar, como si se tratara de un mantra con efectos expiatorios, que “CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro, que es operada y supervisada por el SCT-Metro desde su entrega”.
Así en el discurso de la empresa constructora, cuyo nombre y papel en la tragedia se le olvidó por completo a la fiscal capitalina Ernestina Godoy y a sus peritos, todo son números, cifras, porcentajes y compromisos de rehabilitación de la obra que ellos construyeron y que se colapsó 9 años después. No hay ni una sola mención de lo que ocasionó el “lamentable evento del pasado 3 de mayo”, ni una alusión a la muerte de 26 seres humanos y las heridas de cientos más. Aquí se trata sólo de ver hacia adelante y de lavar la imagen pública del principal grupo empresarial de México, que los muertos de la Línea 12 ya tendrán su día y sus altares este 2 de noviembre.
Decía una campaña publicitaria de una firma de crédito internacional que “hay muchas cosas que el dinero no puede comprar”. Pero en México hay muchas otras que sí compran los millones. La pregunta es qué le vendió el presidente López Obrador al ingeniero Slim a cambio de esos 800 millones de pesos: ¿tranquilidad de conciencia? ¿Qué pueda seguir siendo uno de los mayores contratistas de su gobierno? ¿impunidad en las investigaciones judiciales? O todo eso en paquete.
NOTAS INDISCRETAS…
Aunque parezca una broma propia de Halloween, la señora Rosario Piedra Ibarra, que se ha hecho la desentendida de crímenes, masacres y todo tipo de violaciones de derechos humanos cometidos en este gobierno, ayer decidió desempolvar el Caso Colosio, y 27 años después del asesinato del candidato priista a la Presidencia en Lomas Taurinas, Tijuana, recomendó a la Fiscalía General de la República que “reabra el caso Colosio” con el argumento de que “hubo tortura y violaciones a los derechos humanos del asesino confeso Mario Aburto”. Y es claro que la recomendación se basa en el principio de que el delito de tortura no prescribe, pero francamente en un caso que fue tan investigado, con al menos tres fiscales que le dieron mil vueltas a las investigaciones para terminar por coincidir todos en la teoría del “asesino solitario”, pareciera que la CNDH se ocupa de las violaciones de derechos humanos del pasado por no ver las que ocurren en el presente. Nada más bastó que Mario Aburto se dirigiera hace unos meses a la señora Piedra para que ésta se interesara en atender las denuncias de “tortura reiterada y continua” que el asesino de Colosio ha denunciado desde hace años a la extinta PGR. No está mal que la ombudswoman nacional atienda las denuncias de Aburto por las violaciones a sus derechos humanos, lo extraño es que a un asesino confeso sí le abra una recomendación a la FGR, mientras que a su tocaya Rosario Robles, que desde hace dos años denunció violaciones a sus derechos humanos por el apresamiento y encarcelamiento que le dictaron por una medida cautelar que no se sostenía en las pruebas, ahí sí la señora Piedra “ni la vea ni la oiga” a la exsecretaria peñista. Eso por no hablar de los familiares de las 26 víctimas fatales de la Línea 12 del Metro que tampoco han recibido ni un guiño y mucho menos apoyo de la Comisión a sus demandas de justicia e indemnizaciones justas. No cabe duda que la doble vara de la justicia en tiempos de la 4T también alcanza a la presidenta de la CNDH, que sigue fiel a las consignas de este gobierno al que no incomoda ni con el pétalo de una recomendación… El fallo de la Suprema Corte que invalidó las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Federal de Procedimientos penales, y que declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, no sólo fue un revés del que acusó recibo el Presidente con sus declaraciones de que “aún falta limpiar al Poder Judicial” y de que “la Corte protege a los corruptos”. La molestia del Presidente no es sólo porque le hayan revertido una medida persecutoria contra los evasores fiscales que, según la mayoría de ministros, era desproporcionada, violatoria del principio de presunción de inocencia y no se trataba de delitos que pusieran en riesgo la seguridad nacional; el coraje presidencial también se debe a que ese fallo confirmó que él y la 4T ya perdieron el control que habían avanzado en la Suprema Corte, porque de 4 votos “seguros” que creían tener en el pleno judicial, contando a los cuatro ministros propuestos por el Presidente y el del ministro presidente Arturo Zaldívar, ayer solo tres ministros votaron a favor de la reforma y solo dos votos fueron de las ministras Jazmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat y el otro del ministro ponente Fernando Franco. Es decir, que el ministro Juan Luis González Alcántara y Arturo Zaldívar no apoyaron un tema que era prioridad para la política fiscal de la 4T. Así que el Presidente sabe que en esta derrota en la Corte no sólo es dolorosa porque le quite dientes al SAT y a la Procuraduría Fiscal en la persecución de evasores, contrabandistas y factureros, sino por lo que esa pérdida de votos puede anticipar en la próxima renovación de la Presidencia de la Corte que viene en el 2022. Con esos números, López Obrador ya puede irse olvidando de sus intentos de controlar a la SCJN… Anoche circuló profusamente en redes una convocatoria para un “Paro total de 48 horas” en la UNAM. El mensaje, que no tenía firma ni organizaciones o facultades convocantes, proponía el paro bajo las consignas de “respeto a la autonomía universitaria”, “disculpa pública” y “aumento del presupuesto” y se aludía directamente a las recientes declaraciones del presidente López Obrador atacando a la Universidad Nacional por su “pérdida de esencia”, “su derechización”, su “tendencia neoliberal” y sus afirmaciones de que “las facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores”. Junto al escudo de la UNAM aparecía la leyenda “Juntos Venceremos! Y tres fotografías, de la Rectoría, de la marcha del silencio y del Presidente, y al final los hashtags #UNAMHUELGAGENERAL y #UNAMSOCIAL. ¿Será que la siempre seca pradera universitaria se prenderá por las belicosas y provocadoras declaraciones presidenciales? Que Dios nos agarre confesados…Los dados mandan Escalera doble. Mejora el tiro.
