Opinión

Extorsión, la amenaza imparable

María Elena Morera

El avance de los grupos criminales en el país ha tenido por consecuencia que la extorsión sea uno de los delitos de mayor crecimiento en México; ello revela el debilitamiento del Estado de derecho y tiene fuertes efectos económicos y sociales. Estamos atestiguando una “doble o triple tributación”, que la gran mayoría de las personas que son extorsionadas tienen, lamentablemente, que pagarla.

La extorsión la cometen desde los agentes del Estado hasta los criminales. Funcionarios públicos que exigen dinero al realizar trámites en ventanilla, o la plaga de inspectores que siempre busca como presionar un “apoyo” cuando verifican un establecimiento. El segundo tipo es la llamada extorsión telefónica que provienen de los penales, sí, esos en los que supuestamente no hay celulares. Por último, es el que comúnmente se llama “cobro de piso” o abiertamente la “venta de protección” a cambio de no ejercer violencia en contra de las personas y sus familias o sus negocios.

Aunque en México tanto el INEGI como las fiscalías y por tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ponen a todas las víctimas de extorsión en el mismo cajón, esto no significa que todos los tipos de extorsión tengan el mismo efecto económico, social y sicológico.

El llamado cobro por derecho de piso es, desde mi punto de vista, el más grave; porque es un secuestro al patrimonio de una persona, una familia o una empresa por años. Donde por la inacción de la autoridad las personas tienen prácticamente dos opciones, pagar y mantenerse en silencio o de plano cuando ya no se pueden sostener, cerrar y huir. En esta “venta de protección”, simultáneamente el mismo criminal, ejerce dos funciones, la de amenaza y la de protección. El sujeto al entrar en contacto con su víctima, la amenaza con la perdida de su negocio o su vida, pidiendo una cuota semanal o mensual y al mismo tiempo le ofrece “yo te cuido”. Es una protección que ahoga. Le pone el remedio a una agresión que el mismo ejerce.

Este delito se comete a plena luz del día, en localidades de todos los tamaños, en todos los sectores de la economía y tiene como víctimas a personas de todos los niveles sociales. Hay comunidades enteras que pagan derecho de piso por vender sus mercancías, como los vendedores ambulantes en las playas o las personas que tienen un pequeño local en los mercados.

Los empresarios, pequeños medianos o grandes también lo sufren; el Consejo Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios (CONACO) señaló que incluso esta situación genera un desabasto general por la interrupción de las cadenas de suministros. En efecto, ya sea tortilla en Zihuatanejo, pollo en Chilpancingo, gas en Valle de Bravo o aguacate y limón en Michoacán, los productos escasean y eso sí lo percibe la gente. A los dueños de centros nocturnos en la CDMX y en centros turísticos como Playa del Carmen, Qroo. les dan a escoger entre vender drogas en sus establecimientos, o pagar a los criminales una cuota mensual.

El delito de cobro por derecho de piso si es posible combatirlo y disminuirlo sustancialmente, se demostró con éxito en el sexenio de Felipe Calderón en Ciudad Juárez. Se requieren recursos económicos, un pequeño grupo de policías especialistas en inteligencia e investigación, un ministerio público capaz de armar una carpeta de investigación sólida y un puñado de ciudadanos que tengan la confianza de sus comunidades. Para afrontar el avance de los otros tipos de extorsión es requisito avanzar en la confianza y credibilidad de las instituciones del Estado, en particular, ver resultados tangibles en delitos como el secuestro y el homicidio.

La violencia está desbordada, la población cada día confía menos en sus instituciones de seguridad y los grupos criminales cada día controlan más comunidades. Este sistema ilegal y criminal tiene un costo muy elevado principalmente para personas de menos recursos, lo que se manifiesta en mayor pobreza y violencia, aumento de los desplazamientos, desaparición y trata de personas.

Sencillamente no hay posibilidades de transformación social y de generación de bienestar si la seguridad y el patrimonio de las personas está a disposición de los criminales. Sin embargo, el Presidente no solo invisibiliza el gravísimo problema de extorsión al decir que en su mandato no hay impunidad, sino que también lo apuntala al denostar a las instituciones y cuidar a los criminales.

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