En un supuesto cargamento de balasto o piedra molida que procedía de México, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas de Perú localizaron, el 25 de junio pasado, en un contenedor anclado en el puerto de Callao, cuatro toneladas de mercurio traficado ilegalmente y cuyo destino final eran minas de oro de Bolivia, Colombia y Perú.

El balasto había sido impregnado por el Cártel Jalisco Nueva Generación con uno de los metales más tóxicos del mundo, al que la Organización Mundial de la Salud considera una de las diez sustancias químicas más agresivas para las personas y para el medio ambiente.

El alto precio del oro ha detonado en la llamada minería ilegal artesanal y a pequeña escala una “fiebre de mercurio”: dicho metal es empleado para separar el oro —mediante un proceso de combustión— de la piedra, la arena o cualquier otro sustrato. Una vez liberado, el mercurio contamina el aire, el agua y el suelo. De acuerdo con la OMS, la minería ilegal es la principal fuente de contaminación por mercurio a nivel mundial: está asociada a 40% de las emisiones.

Sin embargo, “no hay oro sin mercurio”: los mineros están dispuestos a pagar elevados precios y eso ha desatado el interés de las organizaciones criminales mexicanas.

Según una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), en caso de haber llegado a su destino, las cuatro toneladas aseguradas en Callao habrían permitido la extracción en minas ilegales de 1.6 toneladas de oro, con un valor de 168 millones de dólares. La EIA asegura que el precio del mercurio es 400% mayor en las minas de Sudamérica que en las minas de donde es extraído en México.

El Cártel Jalisco ha comprendido que hay “un rápido retorno de la inversión en las operaciones de contrabando de mercurio” y ha caído sobre las minas de la Sierra Gorda de Querétaro, donde se halla la segunda reserva más importante del mundo.

Un reporte de la EIA dado a conocer la semana pasada (“Traficantes no dejan piedra sin levantar. Lo que la mayor operación expuesta de contrabando de mercurio revela sobre el negocio del oro”) revela que de las minas de Querétaro fueron contrabandeadas más de 200 toneladas entre abril de 2019 y julio de 2025: alrededor de 40 cada año.

En los municipios de Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta ha sido detectada una veintena de minas artesanales que operan sin ningún tipo de control técnico. En mayo de este año, investigadores de la EIA constataron, a través de fuentes que trabajan en las minas, que en la Sierra Gorda se había desatado una fiebre de mercurio ocasionada por precios récord que alcanzan hasta 330 dólares por kilo.

La agencia considera que entre 2019 y 2025 se obtuvieron ganancias de 8 mil millones de dólares en oro ilegal “mediante el uso de mercurio traficado”.

La investigación revela que en las vías de acceso a las minas Cristo Vive, El Mono, La Fe y La Peña, el crimen organizado ha construido incluso “fortificaciones” con torres de observación, cámaras de vigilancia y alambres de púas.

Hace una década, en Llano de San Francisco, en el municipio de Pinal de Amoles, 120 personas presentaron síntomas severos de intoxicación. Todos los casos estaban relacionados con la operación de la mina La Soledad, dedicada a la extracción de mercurio y en la que se trabajaba sin infraestructura para depositar residuos ni para evitar la contaminación de las cuencas cercanas. La UNAM reportó altas concentraciones de mercurio en suelos, sedimentos, sembradíos y el aire. En el agua se hallaron cantidades arriba de lo permitido por la OMS.

Aunque México se encuentra entre los países que firmaron el Convenio de Minamata, para prohibir o restringir la producción, importación y exportación de este metal, “se sigue permitiendo la extracción durante un periodo de gracia que va hasta 2032”. Según los informes entregados por México, se está dando una eliminación gradual en la producción. La agencia, sin embargo, tiene otros datos. Y los decomisos también: apenas en abril pasado la Marina decomisó en Manzanillo, zona de operación del CJNG, 5 mil 832 kilos que iban ocultos en 240 cubetas de pintura acrílica y que estaban a punto de salir rumbo a Bolivia.

En ese mismo puerto fueron asegurados otros 644 kilos escondidos en rodillos transportadores y cuyo destino era Chile.

En incontables decomisos, realizados en el sur del país, se halló mercurio que era contrabandeado sin ninguna medida de seguridad, en cajuelas de autos, tráileres y otros vehículos de carga. El gobierno de Perú reporta que el contrabando se lleva a cabo incluso en autobuses de pasajeros, dentro de frascos.

En agosto del año pasado, el Ejército aseguró 5 mil kilos que cinco sujetos transportaban en una Toyota.

La Sierra Gorda es uno de los lugares donde se sigue violando el Convenio de Minamata, “con sus consiguientes efectos mortales sobre los ecosistemas y sobre las personas”. El gobierno continúa permitiendo la producción de un metal tóxico como ningún, y al menos desde 2019, con la comodidad brindada por los abrazos presidenciales, el Cártel Jalisco se metió a un negocio que es otra forma de la muerte.