Luz Haydee se manifestaba el lunes pasado frente a las instalaciones del Poder Judicial en Hermosillo, Sonora. El 28 de septiembre, su hijo Francisco, de 28 años, fue arrollado en San Carlos por un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC. El joven perdió la vida horas más tarde en un hospital.
Mientras Francisco agonizaba, a Luz Haydee le hicieron firmar un documento “para agilizar la atención médica”. Se trataba en realidad de una constancia en la que ella manifestaba que no tenía inconveniente en que el agente involucrado, Luis Alejandro “N”, llevara su proceso en libertad -y en el que se le ofreció, además, un acuerdo reparatorio.
La mujer afirma que no firmó “ningún tipo de perdón ni aceptó acuerdos económicos”. Para entonces, el juez había accedido a cambiar la medida cautelar.
La abogada de Luis Alejandro “N” sostuvo que la madre no fue engañada, que en todo caso “cualquier malentendido se debió a una posible falta de comunicación o interpretación diferente de terceros”.
En mayo pasado, en una calle de Hermosillo, dos agentes de la AMIC dispararon en 70 ocasiones contra el vehículo donde viajaba el abogado Carlos Arturo Bustamante. Dijeron que se había tratado de una confusión: que los seguían “diversos vehículos”, que uno de estos “les cerró el paso” y que ellos accionaron sus armas “para repeler una posible agresión”.
Su superior los presentó ante el ministerio público. El ministerio consideró que no había flagrancia criminal y que era necesaria una orden de aprehensión para detenerlos. Cuando la orden de aprehensión llegó, los dos agentes, Argel Azael Luna y Miguel Ángel Palafox, se habían dado a la fuga.
La fiscalía tardó cinco meses en emitir las fichas de búsqueda correspondientes y en ofrecer un millón de pesos por la captura de ambos prófugos. El superior jerárquico de los agentes fue acusado de omisión e imputado bajo los cargos de incumplimiento de un deber legal, delitos contra la procuración y administración de justicia y evasión de presos.
En la larga lista de escándalos e irregularidades que rodean a la AMIC ocupa lugar preponderante el ocurrido en mayo de 2024, cuando se filtró la conversación entre un comandante de la AMIC y un líder criminal: “Ahí le voy a mandar una feriecita por lo que han hecho”, decía este, y agradecía al comandante por haber torturado “a un cholo” que “andaba chambeando”.
Solo un mes después, en Navojoa, sobrevino un nuevo escándalo. El 24 de febrero de 2024 tres agentes reportaron la detención de personas que se desplazaban en una camioneta de alta gama en posesión de un fusil de asalto. Los detenidos fueron puestos a disposición horas más tarde.
Se detectó, sin embargo, que uno de los presentados no correspondía ni con los datos ni con las características fisonómicas y de identidad de uno de los detenidos que los agentes habían reportado. Sencillamente, lo habían cambiado. Los elementos involucrados fueron arrestados y se inició una investigación de que la que ya no se tienen detalles.
En agosto de 2025 el gobierno de México entregó al de Estados Unidos a 26 reos acusados de narcotráfico. Al lado de Abigael González Valencia, El Cuini; de Servando Gómez, La Tuta; y de Félix Gastélum, yerno de El Mayo Zambada, iba el excomandante de la AMIC, Benito Barrios Maldonado.
El Comandante, como se le conocía, era requerido desde 2018 por tráfico de drogas en el distrito judicial de Arizona. Figuraba en narcomantas desde 2019. La DEA lo acusaba de coordinar para el Cártel del Pacífico el trasiego de drogas que desembarcaba en Puerto Libertad y cruzaba hacia Arizona.
Barrios Maldonado, sin embargo, continuaba activo en la AMIC y al momento de su detención, en julio de 2022, acababa de pasar todos los controles de confianza.
En los últimos meses, el personal de la agencia se ha visto involucrado en riñas, amenazas a civiles, accidentes automovilísticos, e incluso suicidios cometidos dentro de las instalaciones. Algunos de los elementos se han convertido, también, en víctimas de ejecuciones, como la ocurrida el 7 de marzo en Altar, Sonora.
Algo turbio está ocurriendo en la AMIC, la agencia que dirige Carlos Alberto Flores, quien durante el desastre del Culiacanazo de 2019 había tenido la responsabilidad operativa de dar seguimiento a Ovidio Guzmán López desde una semana antes, y que con esos antecedentes fue llevado por el gobernador Alfonso Durazo a una de las entidades controladas, precisamente, por el cártel que dirigen los hijos del Chapo.