A través de un notificador, la nueva resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas llegó a las puertas de mi domicilio.
Todo esto en razón de una columna publicada en este espacio el 1º de mayo pasado bajo el título de “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, la cual abordó las redes de tráfico de combustible en las aduanas de Tamaulipas, a partir de un oficio en el que el ex secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, denunció al administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, de extorsionar agentes aduanales, recibir sobornos y estar vinculado con una red de tráfico de huachicol.
En la columna en cuestión señalé básicamente que Madero Larios seguía impune a pesar de la denuncia del exsecretario, y anoté el hecho preocupante de que el líder de esa red de tráfico fuera cuñado de Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, considerada entonces “la carta más fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado” (cosa que, tras la elección judicial, obtuvo Contreras).
Ese era el tema de la columna: las redes impunes y su conexión con el Poder Judicial.
Todo esto sucedió, por cierto, en los días en que acababa de llevarse a cabo en Altamira, Tamaulipas, un decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol.
Contreras nos denunció, a EL UNIVERSAL y al autor de esta columna, por violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral del estado, integrado por una prima hermana suya y por un magistrado que fue subordinado directo de su esposo en la subsecretaría general de gobierno, atendió la denuncia y nos dictó una serie de medidas cautelares.
Se nos ordenó eliminar de inmediato la publicación de la página web de EL UNIVERSAL y no volver a emitir expresiones que vincularan a Contreras “con personas o actos delincuenciales”.
El periódico tomó la decisión de resistir el inadmisible intento de censura, condenó el amago de llevar a cabo procedimientos sancionatorios por la publicación de un tema de interés público relacionado con la corrupción y preguntó si este era el futuro para el Poder Judicial.
Comenzó la incierta batalla legal.
Según la resolución enviada nuevamente a mi domicilio, y no al del periódico donde la columna se publicó, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas ha declarado existente la infracción de “violencia política en contra de las mujeres en razón de género” debido a la publicación de esa columna.
Después de infinitas páginas de jerga legal, la resolución ordena que se me inscriba durante cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Me ordena ofrecer durante 16 días naturales una disculpa pública en la misma columna, “y dejar el mensaje anclado de fijo”.
Me ordena publicar la síntesis de la resolución, absteniéndome “de incluir comentarios o expresiones ajenas al fin y a los alcances definidos en la presente sentencia”.
Me ordena “reconocer los hechos”. “Aceptar mi responsabilidad”. “Dignificar a mi víctima”, sin que la disculpa “reviva las situaciones que provocaron la sanción”.
Me obliga a hacer pública mi “aceptación expresa de la necesidad de reparar el daño”.
Y “como medida idónea para inhibir conductas futuras como la acreditada en el caso concreto”, me impone una multa que debo pagar ante la Dirección de Administración del Instituto, so pena de que se dé vista a las autoridades hacendarias para que sean estas quienes procedan al cobro.
Para que tenga acceso a un “mayor grado de sensibilización”, me mandan a leer, además, guías y manuales para el uso no sexista del lenguaje y para el uso del lenguaje inclusivo desde un enfoque de perspectiva de género.
No es todo. La resolución sostiene que también EL UNIVERSAL incurrió en violencia política de género al no eliminar la publicación, y a fin de que “el infractor” pueda “hacer conciencia” de que “su conducta fue ilícita”, se la ha impuesto también el pago de una multa. Se le obliga, además, a reconocer “su responsabilidad”, a ofrecer una disculpa pública, a aceptar “la necesidad de reparar el daño”, a publicar un extracto de la sentencia durante cinco días naturales... y a permanecer, a lo largo de cuatro años, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Las faltas leves, por cierto, son sancionadas con una permanencia en el registro de hasta por tres años.
La batalla legal sigue su curso. El hecho referido arriba se enmarca, sin embargo, en el patrón de censura, en la embestida imparable contra medios, periodistas y ciudadanos que osan ejercer la crítica frente a un régimen que se dice democrático y que solo da muestras de practicar la intolerancia.
