Un movimiento que comenzó quemando pozos y bloqueando carreteras en Tabasco, amenazó ayer con abrir carpetas de investigación a líderes transportistas y campesinos que llevaron a cabo bloqueos en más de 20 estados, para exigir que se ponga freno a los asaltos y las extorsiones que sufren de manera constante en las carreteras del país, y para protestar contra las afectaciones que podrían acarrearles los cambios propuestos tanto en la Ley General de Aguas como en la Ley de Aguas Nacionales.
Mientras productores agrícolas y transportistas realizaban bloqueos de varias horas en puntos de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Baja California, Veracruz, Durango, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo al menos nueve veces durante su mañanera de ayer que la gente está “superfeliz” con su gobierno, que la población hizo “colas y colas” para acompañarla en su gira del fin de semana en Oaxaca, en la cual, dijo, solo halló “mucha alegría en el camino”.
Según se pudo apreciar en videos que circularon profusamente en redes, Sheinbaum fue abucheada y recibió gritos de protesta en algunos momentos de la gira. Ella aseguró que la gente tenía “una alegría contagiable” y que solo cuatro personas (luego dijo que fueron dos) la abuchearon en un evento. La presidenta se quejó de que se hubiera publicado: “la peor gira de cualquier presidente de toda la historia de México la tuvo la presidenta en Oaxaca”, y luego llamó “al pueblo” a acudir masivamente al Zócalo el 6 de diciembre, para celebrar siete años de la llegada de la 4T al poder.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sumergió al gobierno de Sheinbaum en una crisis que viene arrastrando, sin hallar salida, desde principios de noviembre. La sorprendente convocatoria de la marcha del pasado 15 de noviembre, que nadie esperaba, cayó como un balde de agua fría en Palacio Nacional. Se invirtieron varias horas en la tarea de descalificarla. El violento final que la coronó, con su resonante eco internacional, solo le complicó a la presidenta las cosas. Respondió con gesto descompuesto y con una batería de frases que solo su mostraron frustración: “No me doblarán”, “más fuerte soy”.
La búsqueda de mano negra se extendió al PAN, a la derecha internacional, al empresario Ricardo Salinas. La presidenta subió el tono, amenazó incluso a los anunciantes de TV Azteca, y convocó a gobernadores y legisladores de Morena para exigirles “la defensa absoluta” de la Cuarta Transformación.
No solo eso: según fuentes del Palacio, instaló una mesa —con Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Jesús Ramírez, Luisa Alcalde y Lázaro Cárdenas— que estará encargada de monitorear de manera permanente, e informar cada 20 días, de “las acciones en contra de su gobierno”.
Las vallas con que el pasado 15 de noviembre se quiso sellar a piedra y lodo el Palacio Nacional contra una marcha que, en su afán descalificador, el gobierno fijó solo en 17 mil personas, se van convirtiendo día con día en emblema de un gobierno encapsulado, sumergido en su propia narrativa, que se niega a ver y a escuchar, que no acepta y descalifica la crítica.
Los transportistas han denunciado, por ejemplo, más de 25 mil robos en las carreteras de México durante el último año: más de 70 cada día. De acuerdo con la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la violencia en contra de sus afiliados ha crecido en más de 20% y no viene solo de la delincuencia, sino también de las extorsiones por parte de las autoridades.
No solo organizaciones nacionales reportan que las carreteras del país están perdidas: el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos ha denunciado que el robo de transporte de carga provoca pérdidas millonarias entre más de 300 grandes empresas afiliadas (Hewlett Packard, Coca Cola, IBM, etc.), y no solo representa riesgos para los conductores: interrumpe cadenas de suministro y pone en serio riesgo la inversión en México.
En respuesta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostiene que quienes ayer realizaron bloqueos “son integrantes del PRI, del PAN y el PRD” y afirma que estas movilizaciones no tienen objeto, “salvo que respondan a motivaciones políticas”.
El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, por su parte, pasa por alto las alertas sobre la falta de claridad en los cambios en la Ley de Aguas Nacionales, lanzadas por productores, académicos, legisladores, asociaciones civiles y otros sectores productivos; pasa por alto las quejas por los bajos precios y el abandono del campo: se pregunta “qué cosa hay detrás de las movilizaciones si las demandas han sido atendidas”, y sostiene que solo 1,500 personas, incluyendo a los transportistas, participaron en los bloqueos de ayer —como si ese número, en caso de ser real, volviera las quejas inválidas.
“Más fuerte soy”, dice la presidenta mientras aquí y allá le estallan las protestas y se acentúa en el país la ingobernabilidad. Mientras estados completos se encuentran en llamas, a merced del crimen organizado y la violencia sistemática, y mientras ella solo ve gente “superfeliz” que hace “colas y colas” para aclamarla.