La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a una serie de políticos y exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto por la creación de fideicomisos y fondos en paraísos fiscales, entre ellos al exprocurador Jesús Murillo Karam y al extitular de la UIF y el Cisen, Alberto Bazbaz.

En el caso de Murillo Karam, la UIF, a cargo de Pablo Gómez, investiga la creación de una empresa offshore en Panamá, la cual tiene el fin de invertir en bienes raíces. 

En 2014, el hijo del entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Ortega, creó junto con su pareja la empresa Sweet Land Ldt mediante la firma Overseas Management Company, con activos cercanos a un millón de dólares, de los que se desconoce su procedencia.

Sobre la familia Bazbaz, la UIF indaga a su extitular y exdirector del Cisen, así como a sus hermanos Isaac y Jacobo. Los tres son dueños de cuatro fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas, constituidos por el despacho Alcogal.

Jacobo Bazbaz Sacal también es propietario de un fideicomiso en Antigua, denominado Cmarzam Trust, en el cual fueron invertidos 5 millones de dólares, de los cuales se desconoce su procedencia.

La gestión de Alberto Bazbaz como titular de la UIF y posteriormente del Cisen estuvo manchada por escándalos de extorsión y por los pocos resultados en materia de combate al lavado de dinero y de inteligencia. Junto con el consejero Jurídico de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos, y el fugaz titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se dedicaban a obtener información de empresarios y políticos para usarla a su beneficio, según información de fuentes gubernamentales que trabajaron directamente con los tres exfuncionarios.

En torno al exprocurador Murillo Karam también se tejieron escándalos durante su gestión, en particular con la investigación del caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas y la verdad histórica que construyó junto con Tomás Zerón, el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. A Zerón también lo investiga la UIF y se le busca extraditar de Israel para poder ser juzgado en México. Murillo es además dueño de varios inmuebles con alto valor en la zona de Santa Fe.

Las investigaciones que realiza la UIF a más de 130 personas, entre ellas políticos, exfuncionarios y empresarios, son parte de una estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer dónde están escondidas las fortunas de personajes polémicos de los sexenios anteriores —y también algunas relacionadas con gobernadores morenistas en funciones— y enviar la información a la Fiscalía General de la República, al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría Fiscal.

El caso Rimsa y sus exdueños

En las pesquisas de la UIF también aparecen empresarios con expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, como Leopoldo Espinosa Abdalá, expropietario de la farmacéutica Rimsa, quien fue acusado de fraude junto con su hermano por la multinacional Teva. La empresa israelí compró a Rimsa por 2 mil 300 millones de dólares en 2015. Estos empresarios tienen abierta una carpeta de investigación en la FGR por defraudación fiscal.

Leopoldo y su hermano Fernado Abdalá son investigados por la UIF por la creación, en 2016, de la empresa WTIE International Business Company en las Islas Vírgenes Británicas, la cual sirvió para abrir una cuenta en el banco suizo Pictet con un portafolio de inversiones de 168 millones de dólares. En 2014 crearon otra compañía denominada Dreamboat International Limited para comprar un yate de 11 millones de dólares. 


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