La historia es estremecedora: una vendedora de flores en la ciudad de Celaya, asesinada por dos pistoleros, supuestamente por negarse a pagar la extorsión demandada por unos criminales. Tenía 25 años y un puesto en una banqueta.

Hasta allí llega la infamia del derecho de piso . Es nuestra extorsión cotidiana y omnipresente, la que toca a millones de personas, la que pone a sudar la gota gorda a algunas de las personas más vulnerables de este país.

¿Qué nos pasó? ¿Por qué, de unos años para acá, las bandas criminales decidieron que podían extraer rentas semipermanentes de miles de personas? ¿Por qué se volvió tan fácil y tan frecuente el cobro de un impuesto paralelo? Por una razón a la vez sencilla y atroz: creció el miedo.

En un entorno donde la violencia es espectáculo, donde todos los días aparecen cuerpos sin cabeza y cabezas sin cuerpo, donde hay secuestros masivos y asesinatos en serie, las amenazas de violencia se vuelven por demás creíbles. Y mientras más creíble sea la amenaza, menos violencia efectiva se tiene que ejercer para sacarle dinero a la gente. Cada vendedora ambulante asesinada lleva a que muchas otras paguen sin chistar, solo con el mero poder del ejemplo sangriento.

¿Qué se debe hacer entonces para combatir la extorsión? Reducir la credibilidad de la amenaza ¿Cómo se hace eso? Previniendo el mayor número posible de homicidios y secuestros . Y sancionando los que ocurran

Pero eso no es asunto rápido. Toma tiempo construir capacidades para lograr ese objetivo ¿Qué hacer por mientras, para que no se sigan multiplicando casos como los de Celaya?

Va una idea que ya he impulsado en otras columnas

Alguna policía estatal o municipal (o incluso la Guardia Nacional ) podría crear negocios fachada en localidades y giros particularmente afectados por el derecho de piso. Bien ubicado, el negocio atraería rápidamente la atención de extorsionadores. Eso permitiría ir identificando, deteniendo y procesando a bandas dedicadas a este negocio. Además, esto se podría complementar con alguna estrategia comunicacional, en la cual la autoridad diera detalles sobre el operativo y la existencia de negocios encubiertos. Y podría sugerir que son decenas o cientos. Eso llevaría a que un extorsionador potencial tuviese el temor de estar entrando a una ratonera al intentar cobrar piso. Como mínimo, lo obligaría a realizar una investigación más a profundidad, a seguir al dueño o al administrador durante días y días, etc. Y aun así no eliminaría del todo la incertidumbre. Resultado: más riesgo y más esfuerzo.

Sé de buena fuente que esta idea ya se ha llevado a la práctica, con resultados mixtos. Y el asunto tiene más complicaciones que las que aquí se describen. Siempre sucede así: todo es más difícil en la realidad que en la teoría

Si eso no sirve, habría que pensar en otras medidas posibles, algunas de aplicación general, otras circunscritas a giros, modalidades o municipios específicos, dirigidas todas a dificultar este delito.

No hay hoy en México crimen más sencillo que la extorsión. Ni siquiera requiere mostrar un arma: basta con una llamada amenazante para extraerle dinero a una sociedad aterrorizada. Y mientras eso no cambie, este horror se va a seguir extendiendo por nuestras calles y nuestras banquetas.

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