La semana pasada, mientras toda la atención se concentraba en la discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial y particularmente al transitorio que le extendería el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasó desapercibida la aprobación en la Cámara de Diputados una ley que enterró la posibilidad de tener una Fiscalía autónoma y que realmente sirva.
Esta semana el Senado aprobó el dictamen por el cual se abroga la Ley Orgánica que dio origen a la Fiscalía General de la República en 2018. Con la aprobación de la nueva ley se reforman 65 leyes, entre ellas la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
A manera de antecedente, la ley que le dio origen a la fiscalía como un ente autónomo, si bien perfectible, fue formulada con la cooperación de colectivos de víctimas y con la aportación técnica de distintas organizaciones de la sociedad civil. Colectivos de ciudadanos y organizaciones, como el de #FiscalíaQueSirva, apoyaron para su formulación, con aportaciones basadas en evidencia y en experiencias nacionales e internacionales. Sin embargo, según el actual fiscal general, esa ley carecía de congruencia entre lo legal y la realidad de su operación. Seguramente se refería a “su realidad” y a “su operación” pues los resultados de dos y medio años de trabajo no aparecen por ningún lado.
Hoy el Fiscal, o más bien, el presidente ya tiene lo que quería: una nueva ley aprobada de noche, con prisas y sin escuchar a los ciudadanos ni las voces de las organizaciones de la sociedad civil, que han señalado que los cambios limitan la acción de las víctimas dentro de las investigaciones y que regresan estructuras jerárquicas que, más que ayudar, pueden entorpecer las investigaciones y el esclarecimiento de los delitos. Sobre todo, y lo más importante, ignoraron las voces de los familiares de las víctimas y de los colectivos defensores de derechos humanos , que llevan años insistiendo en una fiscalía humana y eficaz, lo que, visto lo visto, es muchísimo pedir en este país.
Como ya es la norma con este gobierno, lo nuevo es viejo, y esta “nueva” ley regresa a estructuras y procesos que no ayudarán a mejorar la coordinación y la cooperación con las fiscalías estatales, que atienden la mayor parte de los delitos conocidos, ya que el 95% del total de la incidencia delictiva del país es del fuero común, mientras que solo 5% es del fuero federal . Tampoco es claro cómo esta nueva ley ayuda a mejorar las investigaciones federales, que están relacionadas a delitos de mayor complejidad y de macrocriminalidad.
En vez de apostar por una verdadera transformación en la procuración de justicia, las modificaciones aprobadas pretenden revivir a la “extinta” PGR , y colocarla al margen de un sistema acusatorio moderno. El sueño de tener más justicia, más transparencia y un auténtico desarrollo de las fiscalías estatales quedó fracturado e inconcluso. Y mientras tanto, en el país se acumulan las víctimas de todo tipo de crímenes, incluidas atrocidades que se cometen con la tranquilidad de psicópatas que se saben impunes. Se abandonan las policías locales a su suerte, mientras todos los elogios y todos los contratos se dirigen a unas Fuerzas Armadas absolutamente rebasadas por la criminalidad y por el caos gubernamental en que deben operar. Y, ese mismo gobierno, de una irresponsabilidad difícil de creer, continúa produciendo distractores y mentiras a granel. Las víctimas de este país no merecen esto, pero por lo pronto, tendrán que seguir esperando a que vengan mejores tiempos.
(Colaboró Monserrat López)
