El pasado 6 de julio un grupo de diez personas irrumpió en el fraccionamiento Lomas de las Palmas, en Huixquilucan, Estado de México, e invadió uno de sus predios aún baldíos. Tras engañar a los vigilantes ostentándose como propietarios, enrejaron el terreno invadido y colocaron una lona con el letrero “Propiedad privada, Se Vende”. El grupo era encabezado por tres personas que se identificaron como Jesús Alberto Ramírez Trejo, Adrián Zarco Hernández y Juan Fernando Pérez Bonilla.

En los días subsecuentes, el mismo grupo intentó reingresar al fraccionamiento hasta en tres ocasiones, lo que ya no permitieron los vigilantes a petición expresa de quienes se asumen como los verdaderos propietarios del predio, quienes presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Regional de Naucalpan y que al compartirla con esta columna pidieron el anonimato por temor a represalias, dados los antecedentes de hechos similares en los que han incurrido los denunciados.

En las intentonas de reingreso al predio invadido –de acuerdo con la denuncia- habrían presentado una escritura pública supuestamente elaborada en la notaría de René Cutberto Santín Quiroz a quien el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo revocó por conductas ilegales el nombramiento como notario público número uno de la entidad con residencia en Toluca, luego de que se le sometiera a un procedimiento administrativo, según resolución publicada el 13 de noviembre de 2020 en el periódico oficial Gaceta de Gobierno.

Respecto a la escritura referida, los denunciantes aseguran que carece de antecedentes registrales en el Registro de la Propiedad, mientras que el Archivo de Notarías del estado concede que es una escritura no finalizada y supuestamente no firmada por el notario.

Santín Quiroz, quien obtuvo su nombramiento como fedatario en 2007 durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, era uno de los notarios más reconocidos de Toluca además del consentido de la clase política mexiquense para escriturar compraventas de inmuebles. En múltiples ocasiones dio fe pública para el Instituto Electoral del Estado de México, sobre todo en recuento de votos y entregas de constancias de mayoría. Uno de sus hermanos fue director del Servicio de Administración Tributaria en el último tramo de Peña Nieto como presidente de la República y, antes, secretario técnico del excanciller y exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Los hechos referidos, similares a otros que se investigan en la Ciudad de México, develan la operación bien articulada de una mafia inmobiliaria de cuello blanco que se dedica a despojar de sus inmuebles a los legítimos propietarios para después “venderlos” –con la complicidad de al menos un fedatario– a otros adquirientes que acaban por no poder regularizar la tenencia de lo adquirido. Simula escrituras de bienes de difuntos intestados y compraventas de terrenos que no están construidos.

En el caso del Fraccionamiento Lomas de la Palma, fue Jesús Alberto Ramírez Trejo quien pretendió demostrar la propiedad del predio con una escritura presumiblemente falsificada que presentó como legal. No son pocas las denuncias periodísticas que lo señalan como cabeza del grupo de presuntos defraudadores inmobiliarios.

Uno de sus acompañantes en la invasión del predio de Huixquilucan, Juan Fernando Pérez Bonilla, se identificó con una credencial (charola) supuestamente emitida por el Congreso de Sinaloa para el periodo 2013-2016, pero el propio órgano legislativo local desconoció tener algún tipo de relación laboral con la persona referida.

La pregunta es, si a Santín Quiroz ya le revocaron el nombramiento de notario por conductas presumiblemente ilegales como la relatada, ¿por qué sus presuntos cómplices siguen operando con total impunidad?

Instantáneas:

1. ¿REGRESO? No es extraño que a unas semanas de la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se promuevan protestas como la toma de instalaciones que vimos a principios de esta semana. Trabajadores de ese órgano jurisdiccional bloquearon los accesos y la avenida Niños Héroes, donde está la sede del Tribunal exigiendo retroactivos salariales y bonos. Recuérdese, empero, que en él confluyen muchos intereses y diversos grupos de poder que pretenden tener su control. De acuerdo con algunos trabajadores, no sería una sorpresa que el expresidente del TSJCDMX, Edgar Elías Azar –uno de los personajes priistas más poderosos de los últimos años– busque retomar ese control y estar detrás de ese tipo de acciones. Lo cierto es que Elías Azar sigue teniendo gran influencia en ese órgano jurisdiccional.

2. BANCADA PLURAL. Mucha tinta se ha gastado ya para contestar la pregunta de qué es lo que buscan cinco senadores para conformarse cómo una minibancada plural. Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum dejan las fracciones de Morena, PAN y PT, respectivamente, para conformar ese grupo con el independiente Emilio Álvarez Icaza. Dicen que su intención es representar intereses ciudadanos ajenos a los partidistas y que, sin pretender ser un grupo antigobierno, sí se opondrán a reformas que, desde su punto de vista, no beneficien al país. Pretenden presentarse como grupo parlamentario el próximo 7 de octubre cuando AMLO acuda al Senado a entregar la Medalla Belisario Domínguez. Reglamentariamente no es válido avalar una bancada que no represente un partido formalmente constituido, pero el tema reavivó un debate que incluso ya ha pasado por la Corte. ¿Qué buscan los cinco senadores? Sin menoscabo de sus convicciones y ciertos de que esos cinco votos podrían ser “fiel de la balanza” para conformar una mayoría calificada, hay una respuesta muy poco mencionada. Buscan presupuesto, la lana a la que tiene derecho toda bancada parlamentaria. El que opera por una solución intermedia en este asunto es el líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal. Su más reciente propuesta: conferirles el aval para conformarse como bancada, tener voz en la Jucopo y participar en las rondas de oradores durante las sesiones plenarias. Pero de la lana, ni hablar. Tienen hasta el 5 de octubre para resolver el asunto

3. SOBRE EL GOLFO. El amable lector Manuel Suárez hace saber que el popularmente conocido “Mar de Cortés” es nombrado por la Ley Federal del Mar como Golfo de California, de ahí que el decreto del gobernador saliente de Baja California, Jaime Bonilla de cambiar de “Mar de Cortés” por Golfo de California, no es un despropósito como aquí lo comentamos en la entrega pasada. Lo que en realidad hizo el mandatario bajacaliforniano fue recuperar el nombre ya reconocido legalmente. Aclarado el punto don Manuel.




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