Lo que más me golpeó al enterarme de la carpeta FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 de la FGR no fue solo la evidencia de corrupción: fue darme cuenta de hasta qué punto el crimen organizado ha colonizado las instituciones públicas. La Profeco, la oficina que debería defendernos de abusos empresariales, aparece señalada como parte de una red de huachicoleo y extorsión en complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Un testigo clave, identificado como Pablo, declaró que funcionarios de la dependencia cobraban cuotas de 20 a 25 mil pesos mensuales a gasolineras en todo el país. Esas “vacunas” se repartían entre facciones internas llamadas “los Guanajuatenses” y el “Grupo Monterrey”. No es la historia de un par de ratas, sino de un mecanismo institucionalizado que operaba con la lógica de un cártel dentro del propio Estado.
Los nombres duelen porque siguen en la vida pública. Ricardo Sheffield, hoy senador de Morena, aparece mencionado como pieza clave, aunque se apresura a decir que todo es calumnia. David Aguilar Romero, quien dejó el cargo en octubre de 2024, está en paradero desconocido. El primero protegido por el fuero, el segundo oportunamente desaparecido.
Lo más perturbador es que la Profeco utilizaba incluso su programa insignia, el “Quién es quién en los combustibles”, para presionar a las gasolineras que se resistían a pagar. Una herramienta pública, diseñada para defender al consumidor, convertida en garrote criminal.
Yo me pregunto: ¿qué confianza podemos tener en el Estado cuando las oficinas que debían protegernos terminan funcionando como franquicias del narco? La corrupción ya no es un vicio externo, es un sistema que se integra en los engranajes de gobierno.
El gobierno actual tiene aquí una prueba de fuego. Si no se procesan a los señalados, si no se deslindan responsabilidades, la llamada Cuarta Transformación quedará como un discurso vacío que protege a los suyos y tolera lo intolerable. La impunidad no es neutralidad: es una invitación abierta al crimen.
Hablar de justicia social, de austeridad o de defensa de los pobres pierde sentido cuando las instituciones se vuelven cómplices de quienes extorsionan y asesinan. En México, pareciera que ni siquiera los organismos de protección ciudadana están a salvo de convertirse en un botín más del narco.
DE COLOFÓN: La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, intentó bloquear la llegada de Sergio Gutiérrez Luna a la vicepresidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro. Para ello instruyó a los diputados de Morena, PT y PVEM de su estado a no votar o simplemente ausentarse de la sesión. El mensaje fue acatado casi al pie de la letra: 21 de 24 legisladores obedecieron la orden.
El episodio exhibe la fractura interna de Morena, donde los cargos en la Cámara de Diputados se han convertido en botín de guerra entre facciones. La disciplina partidista cede frente a los pleitos personales y a la influencia de gobernadores que buscan imponer sus propios cuadros.
Lo que debería ser un acto legislativo de unidad terminó revelando la lucha intestina de un partido que, en el poder, se divide entre lealtades locales, ambiciones nacionales y disputas de control político. ¿Qué dirá Luisa Alcalde sobre la maniobra de la gobernadora?
@LuisCardenasMX
