Ha pasado un mes desde que iniciaron formalmente las campañas a la presidencia y hay un tema que no ha sido tocado lo suficiente por las candidatas, y es el de una reforma fiscal.

El candidato al que Sheinbaum quiere darle continuidad, o sea López Obrador, enfocó sus esfuerzos mañaneros durante el primer mes de campaña en invocar a un empresario poderoso porque supuestamente debe impuestos. Si al presidente le importara verdaderamente la justicia fiscal, no le hubiera dedicado tanto tiempo a una sola persona, si no que habría generalizado sobre la desigualdad fiscal que desde hace varios años existe en nuestro país y que provoca el boquete recaudatorio que hoy tenemos (por mucho que se presuma un alza, esa alza se debe a factores de fiscalización concentrados en las clases medias, no a una mejora de la política fiscal).

Una de los principales pendientes en materia económica y fiscal es la que tiene que ver con reconocer que las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres. Hoy, la Ley del Impuesto Sobre la Renta solamente distingue entre personas físicas, morales y sus derivados (como las personas morales con fines no lucrativos). Pero la ley no distingue entre hombres y mujeres, no es una ley tributaria interseccional.

Si para la elección de este 2024 estuviéramos ante un escenario donde la Presidencia será ocupada por un hombre, sería posible –ojo, no justificable– que entre los compromisos de campaña estuviera ausente una política fiscal con perspectiva feminista. Pero hoy estamos ante un 99% de probabilidad de que la Presidencia sea ocupada por una mujer. Entonces, ¿dónde está la agenda feminista para la economía y la tributación?

La organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en colaboración con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron en marzo el informe “Tributación Feminista: los casos de México y Argentina”. El documento tiene una premisa: “Desde una perspectiva de justicia de género, gravar a quienes más tienen es crucial para reducir las brechas de desigualdad, especialmente las que existen entre mujeres y hombres, para repartir los recursos en beneficio de los derechos de las mujeres en todas sus diversidades.”

Ni Claudia Sheinbaum, ni Xóchitl Gálvez, ni Álvarez Maynez, y mucho menos el presidente han referido un diagnóstico como el de Fundar y ACIJ. Por el contrario, han prometido al por mayor que los apoyos sociales continuarán y en algunos casos hasta se incrementarán. Lo que no explican es que, para ello, necesitan recaudar mejor, y para recaudar mejor en este país hay que cambiar la perspectiva con la que se hace.

En el caso de la candidata Sheinbaum lo más que ha dicho al respecto es que “no habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes y vamos a continuar el combate a la evasión fiscal.”.

Para Xóchitl Gálvez la solución está en formalizar la informalidad. O sea que los más pobres comiencen a pagar impuestos: “Hay que ampliar que otros mexicanos paguen impuestos. Necesitamos ir formalizando la economía”.

Ambas candidatas viven fuera de la realidad fiscal de nuestro país. Y el candidato número 4 le echa la culpa a un solo empresario.

Para no caer en sofismas electorales, el informe de Fundar y ACIJ ponen a disposición recomendaciones respaldadas por un análisis meticuloso de datos, con el fin de que México tenga una política fiscal con perspectiva de género: 1) Impuestos a la riqueza multimillonaria; 2) Impuestos a los ingresos altos para reducir la concentración extrema; 3) No más privilegios fiscales discriminatorios; y 4) Poner fin a los abusos fiscales.

El objetivo de la política fiscal no puede resumirse a cómo se consigue dinero para sufragar el gasto público, sino que se necesita que el Estado –y en este caso las candidatas– se detengan dos pasos atrás para evaluar a quién se le debe cobrar y cómo se le debe cobrar; no solo acorralar contribuyentes. La propuesta de Fundar cierra el círculo en el sentido de sumar la perspectiva de género al análisis. Es lo menos que se espera de dos candidatas mujeres.

@MaiteAzuela